Mariano Cariño Méndez
Las políticas
sociales de los gobiernos mexicanos debieran estar enfocadas a
promover el progreso social de sus habitantes, en todos los terrenos,
pero en un primer momento, garantizar las condiciones materiales para
poder vivir de manera digna y decorosa, garantizando el acceso a los
servicios básicos indispensables. Durante el pasado periodo
electoral, escuchamos un sinfín de discursos que analizaban las
causas de los problemas del país y las acciones para erradicarlos,
fundamentalmente, se comprometían a destinar recursos económicos
para ir aminorando dichos problemas. Pasada la efervescencia
electoral y colocando a los ganadores en sus respectivos puestos
públicos, la verdad se empezó a mostrar. El 15 de noviembre del año
que corre se entregó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2025 al Congreso de la Unión; a partir de dicha
entrega, en algunos casos, los gobiernos estatales y municipales
hicieron lo propio para proyectar sus ingresos y distribuirlos según
sus prioridades.
