Pedro
Vargas Avalos
Hace
unos meses, se desechó por no haber alcanzado el apoyo calificado de las
cámaras federales, un proyecto de reformas electorales que se denominó Plan A.
En esencia, eran modificaciones constitucionales de la mayor trascendencia:
disminución de puestos de elección, rediseño del Instituto Nacional Electoral
(INE), supresión de Organismos Electorales Locales (OPLES y Tribunales),
eliminación de gastos ordinarios para partidos políticos, etc. Algunas
encuestas sobre ese tema, demostraron que el pueblo era partidario de ellas;
pero el andamiaje para realizar cambios a la Constitución, -dos terceras partes
de diputados asistentes- entraña el apoyo de los partidos de oposición, los
cuales, contrarios a esas ideas -que los tocaba en el ramo de dinero, que
reciben gratuitamente por el solo hecho de ser partidos- votaron en contra, por
lo que el proyecto se desechó. Así, es que surgió la iniciativa para reformar
varias leyes secundarias, y crear una, las cuales, por ser reformas ordinarias,
solo necesitan mayoría simple: de esa forma nació el Plan B de reformas
electorales, combatido a ultranza por todo opositor al actual gobierno federal.