Exigen justicia ante la crisis de desapariciones

 

-Presenta iniciativas para proteger a la niñez, juventud y mujeres.

El Volcán/PRI

El Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, encabezado por su Presidenta Laura Haro, alzó la voz de manera firme una vez más, ante la creciente crisis de desapariciones forzadas y no forzadas en el estado y en el país. Durante una rueda de prensa, acompañada por el grupo parlamentario, regidores de la ZMG y dirigentes de los comités municipales.

Laura Haro subrayó que el PRI siempre hablará de frente, con la verdad, en defensa de las víctimas y de sus familias. “No haremos politiquería con el dolor de la gente, pero tampoco seremos omisos. Hay temas que duelen, pero deben abordarse con valentía”, enfatizó.

Señaló que en Jalisco las desapariciones de jóvenes, particularmente estudiantes de la Universidad de Guadalajara, se han convertido en una emergencia. Asimismo, condenó las amenazas y el asesinato de buscadoras como Teresa González Murillo, exigiendo mayor protección para madres y familias que buscan a sus desaparecidos. “Es inaceptable que este gobierno vea a las víctimas como estorbo”, también denunció la advertencia del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López contra la madre buscadora Cecilia Flores.

Por su parte, la Diputada Cuquis Camarena, presentó iniciativas impulsadas por el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco, como parte de la “Agenda 8M”, centradas en proteger a niñas, adolescentes y mujeres:

1. Reforma al Código Penal del Estado de Jalisco para que delitos sexuales como abuso, violación, acoso, ciberacoso, prostitución infantil y corrupción de menores sean imprescriptibles, permitiendo a las víctimas denunciar en cualquier momento.

2. Iniciativa enviada al Congreso de la Unión para adicionar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, con el objetivo de tipificar el reclutamiento forzado y no forzado por parte del crimen organizado.

Esta propuesta define el reclutamiento como la incorporación de personas mediante engaño, violencia o coacción, con penas de 20 a 50 años de prisión, aumentando hasta una mitad cuando las víctimas sean menores de edad.

También que como ya lo propuso la Regidora Regina Martínez, en el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, que en el portal web oficial de todos los 125 ayuntamientos se muestren de manera constante y permanente las cédulas de búsqueda actualizadas.