Víctor
Hugo Prado
No
es ropa ni zapatos sembrados, tampoco es un escándalo acrecentado
por los medios tradicionales; menos es, una intentona de manchar el
desempeño eficiente y el fino arte de gobernar de la 4T por parte de
la oposición; no, no es un grupo de personas que buscan a sus
familiares para dañar la imagen del gobierno en turno.
En
cambio, si es el resultado de una política fallida de abrazos y no
balazos. Es la permisividad que se les dio a los diferentes grupos
para actuar a cielo abierto con total impunidad. Es la colusión de
muchas autoridades y gobernantes con grupos que controlan sus
territorios, ahí donde esa autoridad en tiempos electorales hizo
campaña. Es haber tomado dinero para financiar sus asensos al poder.
Es una herencia que hoy paga una presidenta a la que, “si no le
llueve le llovizna”. Es la inacción. Es errar en una política
pública en el que la pretensión era atacar las causas, es decir,
combatir con dieta “sana” el tumor que el país lleva adentro.
El rancho, campamento, campo se adiestramiento, carnicería y
hornos crematorios de Teuchitlán, Jalisco, son en conjunto un
rompecabezas que debe investigarse con profundidad científica. La
tarea del l gobierno es armarlo. Los gobiernos federal, estatal y
municipal, así como los otros dos poderes deben desprenderse de su
más rancio partidismo ideológico y aceptar la enorme
responsabilidad que conlleva investigar el horror que vivieron los
que hayan sido: 10, 100 o 1000 personas, mujeres, hombres, adultos y
jóvenes, que perdieron la vida y que ahí están sus restos.
Esclarecer las razones de sus muertes, quienes eran, cuantos fueron,
de dónde venían, a qué se dedicaban, dónde están sus familias.
El asunto no es de los familiares que buscan a sus desaparecidos, es
de un Estado-Nación, que debe garantizar la convivencia pacífica de
su sociedad, que debe aplicar las leyes contra los responsables, que
su compromiso debe ser hoy más claro que nunca, combatir a los
grupos organizados de la delincuencia, acabar con la impunidad y
establecer un nuevo orden de paz social.
Datos del Registro
Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas indican que tan solo
en los seis años de gobierno del presidente López Obrador, alcanzó
un máximo histórico de 52 mil 200 personas desparecidas, lo que
resulta que en promedio fueron 24 por día durante sus años como
presidente. Ante ello, la presidenta ha anunciado medidas frente al
problema de las desapariciones que podrán rendir frutos a mediano y
a largo plazo: protocolos, padrones, homologar penas, etc. Todo eso
está bien, pero en tanto no haya una limpia en fiscalías, policías
y encontrar el hilo de los vínculos de autoridades con el crimen
organizado, las medidas no pintarán nada bien.
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