El
Volcán/GDL
Regidores de Morena en el Ayuntamiento de
Guadalajara denunciaron lo que consideran una serie de
irregularidades en la autorización del derribo de 29 árboles en la
colonia Lomas del Country, así como en la aprobación de un cambio
de uso de suelo en otra zona del Country Club, que permitirá la
construcción de desarrollos inmobiliarios verticales y
comerciales.
La regidora Teresa Naranjo explicó que,
inicialmente, el proyecto contemplaba la tala de 31 árboles, pero
tras una revisión, se decidió conservar únicamente dos de ellos.
“El argumento de la autoridad es que se trata de un derribo con
compensación de biomasa, lo cual significa que los desarrolladores
pagan una cuota económica por la tala, pero esto no compensa la
pérdida ambiental”, señaló Naranjo.
El desarrollo
inmobiliario en cuestión, llamado Caena Country Club y promovido por
la empresa Invert Country, obtuvo la aprobación del comité de
arbolado para el derribo, lo que significa que la decisión ya es
definitiva. Según Naranjo, la compensación por la tala ascendió a
312,472 pesos, con precios que van desde los 2,204 pesos hasta los
43,475 pesos por árbol, dependiendo de la especie.
Por su
parte, el regidor Chema Martínez criticó la postura del gobierno
municipal y denunció que hay favoritismo hacia ciertos
desarrolladores. “A la ciudadanía se le multa con más de 60,000
pesos si poda un árbol frente a su casa, pero a los empresarios de
apellidos rimbombantes que patrocinan las campañas de Movimiento
Ciudadano, se les autoriza en chinga sin importar la opinión de
expertos”, señaló Martínez.
VIOLACIONES A PLANES
PARCIALES
DE DESARROLLO
Además del derribo de árboles
en Lomas del Country, los regidores señalaron otro caso en Mar
Caspio 2131-2141, donde se autorizó un cambio de uso de suelo que
permite la construcción de un desarrollo de vivienda vertical con
área comercial, algo que, según Juan Alberto Salinas, regidor de
Morena, va en contra de los planes parciales de desarrollo.
“Se
está duplicando la densidad autorizada de, en un espacio donde ni
siquiera estaba permitido el uso comercial”, denunció Salinas,
señalando que funcionarios del gobierno municipal, particularmente
el jefe de gabinete, Bernardo Fernández La Bastida, han estado
cabildeando activamente para que el proyecto sea aprobado.
“Esto
no es desarrollo urbano, es negocio para unos cuantos. En Guadalajara
no cabe el cártel inmobiliario, y en Morena no vamos a permitir que
sigan depredando la ciudad”, concluyó Salinas.
Los regidores
adelantaron que continuarán con acciones de vigilancia y seguimiento
a estos proyectos, así como con denuncias públicas sobre lo que
consideran un “modelo de ciudad a la medida de los empresarios y no
de los ciudadanos”.
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