Mariano Cariño Méndez
Las políticas
sociales de los gobiernos mexicanos debieran estar enfocadas a
promover el progreso social de sus habitantes, en todos los terrenos,
pero en un primer momento, garantizar las condiciones materiales para
poder vivir de manera digna y decorosa, garantizando el acceso a los
servicios básicos indispensables. Durante el pasado periodo
electoral, escuchamos un sinfín de discursos que analizaban las
causas de los problemas del país y las acciones para erradicarlos,
fundamentalmente, se comprometían a destinar recursos económicos
para ir aminorando dichos problemas. Pasada la efervescencia
electoral y colocando a los ganadores en sus respectivos puestos
públicos, la verdad se empezó a mostrar. El 15 de noviembre del año
que corre se entregó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2025 al Congreso de la Unión; a partir de dicha
entrega, en algunos casos, los gobiernos estatales y municipales
hicieron lo propio para proyectar sus ingresos y distribuirlos según
sus prioridades.
Ya en los hechos, donde tienen su juez
inflexible los funcionarios públicos, vemos que una cosa era su
discurso de campaña y otra sus acciones para destinar recursos
públicos a las múltiples carencias nacionales. Veamos la
distribución del PEF 2025, primero en los escandalosos recortes al
presupuesto respecto al PEF 2024: Reducción del 34 por ciento a la
Secretaría de Salud; el 1.5 por ciento menos a la educación; de
acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP), la inversión en infraestructura también presenta un recorte
del 12.7 por ciento respecto a 2024; por su parte, Energía tendrá
un recorte del 20.9 por ciento y, para poner la cereza del pastel, se
ha dicho mucho del programa campañero de la “República Rural
Justa y Soberana” para lograr la soberanía alimentaria, pero a la
hora de asignarle presupuesto, nos encontramos con la sorpresa de que
su monto continúa a la baja en los gobiernos morenistas; los
pequeños y medianos productores seguirán en la
incertidumbre.
¿Cuáles son sus prioridades? Los programas
sociales de transferencias monetarias tienen un incremento del 4 por
ciento, teniendo un total de 580 mil millones de pesos; esto es el
6.2 por ciento del presupuesto total. Vale la pena recordar, aunque
duela e incomode, que se continúa con el modelo asistencialista en
México. Las transferencias monetarias se han convertido en un
“alivio de la pobreza”, pero no la erradican; lo único que
logran es comprar votos para el momento necesario. Veamos.
Millones
de mexicanos, día con día, carecen de lo indispensable para poder
desarrollarse; no cuentan con las condiciones materiales básicas
para poder vivir dignamente. 12 millones carece de agua potable y el
48 por ciento de la población no la recibe de manera constante. 14
millones de familias no cuentan con una vivienda; 50.4 millones de
personas no tienen acceso a servicios de salud; 6.4 millones de
niños, niñas y jóvenes, entre tres y dieciocho años, no asisten a
la escuela. 46 millones de habitantes padecen pobreza energética. En
una evaluación del transporte público en 31 de 32 capitales
mexicanas, reprueba el servicio; el 74 por ciento de la población
nacional se siente insegura; el 88 por ciento de localidades no
tienen drenaje ni alcantarillado; el 60 por ciento de la población
considera que es insuficiente el alumbrado público; en las zonas
urbanas del país, más del 25 por ciento de calles y avenidas están
sin pavimentar. Por último, el 40 por ciento de localidades del país
tienen un grado muy bajo de acceso a carreteras pavimentadas. Así
son las condiciones en las que viven millones de mexicanos.
Con
el conocimiento de la situación de los mexicanos y si los
gobernantes actuaran de manera racional, el presupuesto tendría que
estar dirigido a combatir seriamente todas las carencias que se
mencionaron, no hay más; solo creando una base sólida para lograr
el desarrollo del país podemos lograr un crecimiento sostenido de
nuestra situación paupérrima, pero como vemos, las prioridades,
para el gobierno en turno, son aquellas a las que les destinen
recursos; todo lo demás será demagogia de la más vil. Vemos que la
dinámica que opera a nivel nacional se reproduce, salvo honrosas
excepciones, a nivel estatal y en los municipios de todo el país.
Si
queremos acabar con la pobreza en nuestro país, debemos transformar
las condiciones materiales en las que viven millones de mexicanos; se
debe dar un golpe de timón y redistribuir el gasto social para
cubrir lo indispensable para garantizar una vida digna, que la gente
tenga acceso a los servicios básicos: agua, luz, drenaje,
electricidad, salud y pavimento. Pero solo lo podemos lograr si los
afectados por la injusta distribución del presupuesto nos ponemos
manos a la obra, nos reconocemos, nos organizamos y luchamos al
unísono por lograr el verdadero desarrollo social que tanto
anhelamos. Necesitamos dejar de ser espectadores ante la repartición,
a modo, del dinero de los mexicanos; necesitamos alzar la voz y
exigir que se destine a lo urgente en este país. Hay países, como
China, que han logrado tal hazaña; nos deben impulsar sus logros,
pero, sobre todo, la comprobación real de que lo que planteamos se
puede lograr en la patria de Hidalgo.
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