Pedro Vargas Avalos
Llegamos al tope del año, lapso de sucesos sensacionales para las mayorías y amargos para puñados. No nos ocuparemos por ahora del inmediato futuro, que esperando sea propicio, advierte desafíos revoltosos. Nuestro comentario resulta porque como estamos en el tramo final del 2024, concluimos que para acentuar nuestra confianza debemos inquietarnos poco, a cambio de optar por deleitarnos mucho con lo que tenemos a nuestro alcance. De esa manera, no solo terminaremos felices esta cincuentena de semanas transcurridas, sino que recibiremos alegres el inminente 2025.
Nuestra patria requiere de pobladores, -votantes, infantes y jóvenes- que unidos por la historia nacional e impulsados por la fraternidad y la democracia, con afán de justicia y prosperidad nos permita divisar un porvenir halagüeño.
Claro que, ante el vértigo de los festejos navideños y la proximidad del año nuevo, no debemos pasar por alto ciertos acontecimientos de suma trascendencia. Entre ellos, aparte de la controvertida reforma judicial y otras iniciativas de enmiendas constitucionales, la más reciente novedad en tal ámbito es lo que publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 20 de diciembre reciente, referente al finiquito de siete entes autónomos surgidos durante la época denominada del neoliberalismo, es decir cuando gobernaron a la nación el PRI, el PAN y la amalgama de ambos, es decir el PRIAN. Previamente –el día10- tras el cómputo de votos aprobatorios de 21 congresos locales, se anunció que la Cámara de Diputados había declarado la validez constitucional de las reformas en materia de simplificación orgánica para extinguir a los aludidos organismos.
Esa publicación del DOF implica la desaparición efectiva del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Las funciones de esos institutos serán asumidas por distintas dependencias federales, incluyendo una de creación especial. En cuanto a los ahorros que generen tales supresiones, se aplicarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Esos organismos autonómicos, son oficinas que se encargan, dentro del sistema público, de cometidos ordinariamente encargadas al gobierno federal, pero que, a través de los casi ocho lustros del neoliberalismo, se fueron creando con el argumento de que esas ocupaciones deben ser “ciudadanizadas” a efecto de que sus disposiciones fuesen independientes y en consecuencia no influidas por los intereses de la administración federal centralizada. En pocas palabras, esas instituciones, aunque vinculadas al Sector Público, su calidad de entidad autónoma les permite determinar en sus asuntos de competencia exclusiva, con independencia del área gubernamental en la que estén ubicadas, autogobernándose y hasta pudiendo dictar normas para lograr sus objetivos.
El principal problema de la formación de esas instituciones burocráticas residió en que, la mera verdad, surgieron para complacer partidos políticos, compromisos inconfesables y grupos de presión. Por lo tanto, la ciudadanización fue una ilusión, y las decisiones de dichas entidades oficiales, tuvieron manifiestas tendencias favorecedoras de grandes empresas, notables personajes o grupos poderosos. PEMEX -que casi lo quebraron deliberadamente- y el sector eléctrico -que fue disminuido- son ejemplos de como se actuó en contra de la soberanía nacional y los intereses populares.
Por otra parte, los organismos autónomos, fueron en general un pesado lastre económico, al tiempo que sus dirigentes crearon burocracias doradas, recibiendo percepciones muy elevadas y prestaciones privilegiadas, aspectos que los servidores públicos no suelen percibir; incluso, varios directores de tales instituciones recurrieron al amparo para continuar ganando salarios mayores al del presidente de la república, lo cual es violatorio del artículo 127 constitucional; lo peor es que el poder judicial los complació, quizás porque los juzgadores tenían la misma infracción.
De la septena de órganos eliminados, quizás el que más bullicio armó fue el INAI, cuya esfera de competencia no cabe duda de que es trascendente, para la conducta de sus mandamases, dejaron bastante que desear. Estos, cuando vieron que su liquidación iba en serio, ofrecieron reajustar sus gastos, pero ya no convencieron a la Presidenta Sheinbaum, quien afirmó que en esa organización había prácticas corruptas y que los recursos públicos que se les asigna anualmente pueden destinarse a otras necesidades, además de que sus quehaceres, es decir lograr la transparencia del gobierno, “va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, organismo que surgió de la transformación de la secretaría de la Función Pública. El crítico de esta reforma, Salvador Romero Espinoza, -jefe del ITEI Jalisco- expresó: “La propuesta para desaparecer al INAI no solo destruiría a los 33 institutos de transparencia de todo el país, sino también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto representa un retroceso de muchas décadas en materia de derecho a la información, transparencia, derecho a la protección de datos personales y rendición de cuentas en nuestro país.” Esto lo escribió en Nexos, la revista de Hector Aguilar Camín, (el sistémico impugnador de la Cuatro T). Cada lector saque sus conclusiones, pues nutrido grupo opina que tiene conflicto de intereses en este proceso.
Quizás el segundo organismo más controvertido es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sin embargo, sobresale que su actividad es más bien duplicidad frente la misión del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) cuyas investigaciones tienen enorme aceptación y prestigio por su profesionalismo. De las demás entidades desaparecidas, es evidente que sus misiones quedarán más que cubiertas por las secretarías de su esfera, descollando la Secretaría de Energía, que recupera ramos que se le habían desmembrado en materia de energéticos: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Subrayamos lo que declaró la Secretaria de esta dependencia, Luz Elena González Escobar: “con la iniciativa de reforma al Sector Energético se fortalecerá la planeación para garantizar el abasto y la confiabilidad de energía eléctrica en todas las regiones del país”.
De medianos saldos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) será absorbida por la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ahora quedará dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Por lo que ve a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), por lógica pasa a la Secretaría de Educación Pública. Finalmente a moción del diputado Ricardo Monreal Ávila (coordinador de Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar -del mismo partido-, al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que primariamente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Los artículos que fueron modificados o adicionados, de la Constitución Federal, según el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, fueron los números 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123. Los congresos de la Unión y el de cada una de las Entidades federativas, tienen 90 días para que a partir de la vigencia de las reformas (21 de diciembre) lleven a cabo las adecuaciones que resulten necesarias. La presidencia de la república emitirá los decretos y acuerdos que sean conducentes para ese mismo efecto. De esta manera, se acabaron los islotes autonómicos que el neoliberalismo impúdico del PRIAN nos impuso a los mexicanos.
Finalmente, mencionaremos una remembranza para olvidar, registrada el 20 del mes último de 1994, aunque la terca realidad nos lo impide: “el error de diciembre” de ese año, cuando el recién entrado mandatario Ernesto Zedillo, dispuso pésimas medidas que generaron brutal crisis económica (también llamada del efecto Tequila) a tal grado que repercutió en Latinoamérica. Al respecto, Carlos Salinas de Gortari, quien bastante culpa tuvo en el tema, forjó esa frase para imputar a la administración entrante de Zedillo Ponce de León, la responsabilidad y exceptuar de culpa a la política económica de su periodo. La crisis provocó la devaluación del peso mexicano con relación al dólar en casi un 300%, lo cual desencadenó altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y aprietos en la actividad comercial; como consecuencia miles de empresas recortaron sus plantillas de personal o de plano desaparecieron. El nefasto Zedillo no solo hizo eso, sino que nos heredó el apabullante FOBAPROA, (establecimiento creado por Salinas en 1990, pero puesto en acción por Zedillo para encarar el error de diciembre) llamado el robo más grande del siglo que aún seguimos pagando los mexicanos, en tanto que el expresidente se pasea por el mundo entero como alto empleado -muy bien pagado- de empresas extranjeras que él favoreció en su mandato, además de ser favorito pensionado por el Banco de México con jugosa cantidad.
Por lo anterior, es que tal evocación debería ser para el olvido, pero lamentablemente, siendo tan pesada carga para varias décadas, no la podemos borrar.
Por lo tanto, especialmente por estos días, llenemos nuestras vidas de júbilo con familiares y amigos, festejemos posadas, nochebuena, final de año y recarguemos nuestro espíritu para que la cercana cuesta de enero, la superemos como actuamos los mexicanos en general y en particular los moradores de Jalisco: con prestancia, tenacidad, trabajo, solidaridad y la fortuna de poseer salud, familia y amistades, que son ni más ni menos, el mayor de los tesoros con que podemos contar.
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