Brasil Acosta Peña
El 15 de
noviembre fue entregado el paquete económico para el ejercicio
fiscal 2025 del Gobierno Federal al Congreso de la Unión, que
incluye la Ley de Ingresos (LI) y el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). La diferencia entre ambos documentos consiste en
que el primero propone una iniciativa legal para que el gobierno
obtenga recursos financieros mediante los impuestos y el PEF explica
cómo y en qué gastarlos; además el estudio, discusión y
aprobación de la LI corresponde tanto a la Cámara de Diputados como
a la Cámara de Senadores; y la aprobación del PEF, que no es ley,
depende exclusivamente de la Cámara de Diputados, donde basta la
mayoría simple, es decir, al menos 251 diputados para ejercerla. Es
por ello que (Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y
Verde Ecologista de México (PVEM) ya aprobaron todo lo enviado desde
Palacio Nacional sin “cambiarle una coma”; con lo que han
convertido a la Cámara de Diputados en una simple oficialía de
partes. Por ello, esta inmadura, sumisa e irreflexiva actitud provoca
que la gente pobre esté cada vez más desprotegida y se conforme con
el dinero que le llega mediante las tarjetas del bienestar, si es que
ha logrado obtenerla.
¿Cuál es el panorama económico que
enfrentarán los mexicanos y sus organizaciones sociales en 2025? En
principio, la perspectiva de crecimiento económico del gobierno
morenista resulta optimista; al igual que la relación peso-dólar y
la tasa de la inflación. Veamos. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) espera que la economía crezca entre el dos
y el tres por ciento que, a juicio de muchos analistas, es demasiado
optimista porque carece de sustento, pues la inversión pública se
concentra en dar dinero a la gente para fomentar el consumo
(keynesianismo), en las megaobras y ahora también en los trenes.
Tampoco se garantiza que la inflación baje de casi el cinco al 3.3
por ciento y que crezcan los niveles de empleo porque supuestamente
habrá un alza significativa de la inversión privada. La más
reciente calificación de la deuda soberana fue negativa debido al
“debilitamiento del marco institucional y la formulación de
políticas que pueden socavar los resultados fiscales y económicos”.
Desde la perspectiva de esta agencia calificadora “la mayor rigidez
del gasto público y el deterioro de la asequibilidad de la deuda
dificultan la consolidación fiscal tras el aumento del déficit
público de este año”. (El Financiero, 14 noviembre 2024).
En
su análisis sobre el PEF 2025, el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, asegura que la
recaudación fiscal de 2025, apoyada en los indicadores
macroeconómicos sólidos, será de ocho billones 55 mil 649.3
millones de pesos (mdp), cifra 5.4 por ciento mayor a la de este año
gracias al incremento en la tributación de los ingresos individuales
y los empresariales. Pero el presupuesto de ingresos del Sector
Público se estima en 9.3 billones de pesos (bdp), en cuyo monto se
incluyen 1.1 billones de ingresos petroleros y 6.9 mdp de ingresos no
petroleros. En el desglose del proyecto de la Ley de Ingresos se
estima que 5.3 bdp, equivalentes al 77 por ciento de los ingresos no
petroleros, provendrán de los tributarios individuales. Es decir,
los mayores niveles de recaudación proceden del pueblo, al que están
sacándole hasta la última gota de sangre con el cobro de los
impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y, entre
otros, el Especial a Productos y Servicios (IEPS), aplicados en la
compra de mercancías, combustible y arrendamiento de
inmuebles.
Entonces, para reducir su déficit presupuestal y si
no recurre a un mayor endeudamiento, el Gobierno Federal aplicará
más impuestos, como fue anunciado por el Secretario de Hacienda en
el caso de las plataformas digitales; aunque omitió que tales
empresas trasladarán esa carga fiscal a los consumidores que deberán
pagar los “platos rotos”, como suelen hacer los empresarios, en
particular los poseedores de compañías monopólicas. En los
Criterios Generales de Política Económica 2025, el gobierno define
que “el Ejecutivo estima que la recaudación de los ingresos será
mayor en términos reales al previsto para 2024, en tanto que el
Gasto propuesto es menor en 179.4 mil mdp de 2025, que sería
equivalente a una reducción real de 1.9 por ciento respecto al
aprobado en 2024”. A este dato se refieren precisamente los
analistas cuando afirman que será un gasto austero; aunque no
precisan que una cuarta parte del presupuesto de egresos se destina
al pago de intereses de la deuda, y casi la mitad a los programas
sociales y otros gastos.
La mayoría de los analistas coincide
en que los rubros fundamentales de un Estado responsable provienen de
la seguridad pública, salud, educación y cultura; pero en el
proyecto del PEF 2025, el gasto público de todos estos aspectos será
reducido. Por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) se le quitarán más de cinco mil mdp; y aunque al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se le aumentará el presupuesto con
9.17 por ciento, este incremento no se destinará a mejorar los
servicios médicos, sino a elevar las pensiones laborales que, en
total, aumentarán 13.48 por ciento. El gasto total en pensiones del
bienestar representará un alza de 22 por ciento, ya que absorberán
dos de los nueve bdp del PEF 2025, según deducciones de Jonathan
Ruiz de la Torre, columnista de El Financiero (16 noviembre 2024) y
comentarista de Radio Fórmula. Por ello, escribimos líneas arriba,
los morenistas se obstinan en fomentar el consumo al estilo
keynesiano. Pero si el sector productivo no responde adecuadamente a
esta capacidad de compra, primero se producirá un desequilibrio en
la economía y luego una crisis. Y si Donald Trump, el presidente
electo de Estados Unidos (EE. UU.), cumple su amenaza de incrementar
los aranceles a los productos de exportación y sanciona a China
desde México, entonces al pueblo, aunque tenga dinero en sus
tarjetas, no le irá nada bien, pues la inflación será mayor a la
prevista.
En resumen: los presupuestos de Ingresos y Egresos no
son nada realistas; el primero tiene menos asideros con los cuales
garantizar el gasto público y el PEF resulta nuevamente electorero.
Si gastas más de lo que ingresas, o te endeudas o recortas, no
tendrás dinero para agua potable, drenaje, mejorar tu vivienda,
llevar a tus hijos al centro de salud y garantizar su educación;
para pagar cuotas de seguridad y de tránsito en las carreteras de
cobro; pero sí podrás usar tus tarjetas del bienestar en las
grandes tiendas de autoservicio para que sus dueños ganen dinero a
manos llenas y aumenten la capacidad instalada de sus emporios
comerciales e industriales. Así las cosas: en México falta un
presupuesto que estimule realmente el desarrollo económico e
integral, y un gobierno que no se gane a la gente a base de
tarjetazos del bienestar.
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