El Volcán/Fiscalía
Se llevó a cabo una audiencia en los juzgados de Puente Grande en acato de una resolución del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) que, el 09 de septiembre pasado, dictó la vinculación a proceso del agente del Ministerio Público por delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público al “retardar o entorpecer dolosamente o por negligencia, la administración de justicia”, así como por abuso de autoridad, que es cometido por el servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”, según establece el Código Penal estatal.
De conformidad con la resolución del Tribunal de Alzada, se realizó la audiencia encabezada por el JuezSegundo de Control y Oralidad, Luis Alberto Castellanos de la Cruz, para imponer medidas cautelares a José Luis “N”, consistentes en la obligación de presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial y la prohibición de acercarse a las víctimas; ambas medidas estarán vigentes por un periodo de seis meses.
En diciembre de 2020, el agente del Ministerio Público se hizo cargo de una investigación que se había abierto el año anterior por la muerte de una mujer.
Los padres de la víctima enviaron en febrero de 2022 una carta a las autoridades estatales para denunciar irregularidades y omisiones en las investigaciones de los hechos, la cual fue remitida por la Dirección de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se abrió una carpeta de investigación.
Tras llevar a cabo las indagatorias, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción judicializó la carpeta ante el juez y, en audiencia inicial celebrada el 28 de marzo, formuló imputación contra José Luis “N”.
Sin embargo, el juzgador determinó en esa ocasión no vincularlo a proceso, decisión que fue apelada por esta Fiscalía Especializada y revocada por la Segunda Sala del STJEJ el pasado 9 de septiembre, que determinó que sí se debía vincular a proceso agente de Ministerio Público estatal.
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