Homero
Aguirre Enríquez
El gobierno federal enfrenta un dilema
que no podrá resolver: quiere seguir gastando, sobre todo en los
programas que le beneficien electoralmente a corto plazo, pero no
quiere tomar medidas para incrementar sana y sustancialmente los
ingresos públicos y hacer crecer al país.
Todos sabemos
que es imposible gastar más de lo que tenemos de ingresos, salvo que
consigamos dinero prestado, lo que momentáneamente resuelve el
problema, pero nos convierte en deudores, lo cual implica que en el
futuro tengamos que recortar nuestros gastos para poder pagar la
deuda. A ese punto ha llegado el gobierno morenista de México: gastó
de más en el sexenio de AMLO, endeudó al país, ahora los
acreedores representantes del neoliberalismo que él declaró muerto
lo están obligando a pagar y para lograrlo tendrá que hacer
recortes o pedir nuevos préstamos.
El gobierno
encabezado por Claudia Sheinbaum propone continuar la política de
entregar transferencias de dinero, que tan buenos resultados
electorales le dio a Morena. Por ejemplo, ya se anunciaron entregas
de dinero a mujeres de 60 a 64 años (la “fabulosa” cantidad de
50 pesos diarios) y a estudiantes de educación básica (31 pesos
diarios). Pero, por otro lado, se enfrenta a la necesidad ineludible
de reducir el gasto porque el déficit público del país alcanzó
cifras récord en el sexenio de AMLO, pues se gastó mucho más que
lo que ingresó a las arcas públicas y se tuvo que recurrir al
endeudamiento.
El problema es serio, estamos hablando de
cientos de miles de millones de pesos que tendrán que recortarse y
afectarán el nivel de vida de los mexicanos. La Secretaría de
Hacienda programó para el 2025 un recorte de 579 mil millones de
pesos al gasto destinado a la provisión de bienes y servicios. Esa
cantidad equivale al presupuesto total de la Secretaría de Bienestar
y es superior al de la Secretaría de Educación Pública.
No se ha precisado
dónde se aplicarán esos recortes, pero no tardaremos mucho en oír
los malabares verbales de los funcionarios para no resolver
peticiones de los ciudadanos, porque habrá menos dinero. De hecho,
ya empezaron las maniobras en los propios programas recién
anunciados. Por ejemplo, el próximo año solo pagarán becas a
señoras de 60 a 64 años que sean de origen indígena o
afrodescendientes; el resto, tendrá que esperar un año o más.
Igual maniobra se nota en el pago de beca a los estudiantes de nivel
básico: se dice que es universal, o sea, para todos, pero el año
entrante sólo se le entregará a estudiantes de secundaria (los más
cercanos a la edad de votar); los niños de primaria y kínder
tendrán que esperar mejores tiempos. Y si eso ocurre con el gasto en
los programas favoritos de Morena, que aunque no acaban la pobreza
mejoran la imagen gubernamental, ya podemos imaginarnos las
restricciones que sufrirán otros programas menos lucidores para el
gobierno, como construcción de drenajes, sistemas de agua potable,
servicios de salud rápidos y eficaces, dotación de vivienda a bajo
costo y a crédito, mejoramiento de escuelas, subsidios a albergues
escolares, pavimentación de carreteras y calles, entre otros que
sufrieron un retroceso durante el sexenio recién concluido.
La
urgencia de ajustar el gasto también provocará despidos y
reacomodos de funciones en el gobierno: “El gobierno de la
presidenta Claudia Sheinbaum alista el primer apretón de cinturón
de cara al objetivo de reducir en tres puntos el enorme déficit de
casi 6% del PIB que le heredó Andrés Manuel López Obrador. Como
medida de arranque, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), que encabeza Rogelio Ramírez de la O, se apresta a reducir
10% el presupuesto de la nómina del gobierno federal. El gasto anual
por ese concepto ronda los 2 billones de pesos, por lo que un recorte
como el que ya se empezó a notificar implicaría un ahorro de
aproximadamente 200 mil millones de pesos anuales”, informó Darío
Celis.
Todo lo anterior da
la razón a quienes hemos sostenido que no es viable un programa de
gobierno que planteó que su tarea principal sería el combate a la
pobreza, pero lo único que ha hecho es cancelar o disminuir
drásticamente los gastos en infraestructura social, en salud, en
vivienda, en educación, para destinar prioritariamente el
presupuesto a entregar pequeñas transferencias de dinero a mexicanos
que tal vez se mostrarán muy agradecidos pero siguen en la pobreza.
Ya pasaron seis años de aplicación de ese modelo y no disminuyó
la pobreza, entendiendo que dejar de ser pobre, como sostiene Julio
Boltvinik, significa mejorar el ingreso, aumentar el patrimonio
básico y la capacidad de endeudamiento, dotación suficiente de
bienes y servicios públicos gratuitos, aumentar el tiempo libre y
dotar de habilidades y conocimientos a la gente. En vez de eso,
tenemos que la economía no crece, los pobres aumentan, se deteriora
el país y el endeudamiento público alcanzó niveles como no se
había visto en décadas.
Por miedo o por compromisos contraídos con la clase del dinero, el gobierno federal no acordará una reforma fiscal, a pesar de que tiene mayoría absoluta para acordarla y de que lograría que pagaran más impuestos los multimillonarios a los que les ha ido tan bien con la 4T y se evitaría pedir préstamos al extranjero. Así que se aproximan más carencias, marginación y pobreza para millones de mexicanos pobres y marginados, lo que detonará más motivos de rebeldía, aumentará la urgencia de explicar pacientemente y la necesidad de organizar la inconformidad que tarde o temprano se desatará.
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