En Hidalgo, agresiones en vez de buen gobierno

 

Homero Aguirre Enríquez

El estado de Hidalgo cumple dos años gobernado por Morena. Se requeriría un microscopio de alta precisión, para encontrar diferencias entre la forma de gobernar y los resultados de los morenistas que ahora gobiernan y la de aquellos a quienes sustituyeron tachándolos, en más de un caso de manera justificada, de incapaces, enemigos de los intereses populares, corruptos, conservadores, etcétera.

    Conviene recordar que, tras un desastroso sexenio, muy escaso en resultados favorables para el pueblo hidalguense y lleno de errores, omisiones y comportamientos ridículos, voluntarios e involuntarios, de Omar Fayad, este entregó el gobierno del estado a Julio Menchaca, con lo que cumplió su parte del trato hecho con Morena. A cambio, recibió su recompensa: una embajada en un país nórdico, con lo cual puso mar de por medio entre él y los reflectores de los medios y al parecer obtuvo la garantía de que no sería tocado ni con el pétalo de alguna auditoría o señalamiento de mal manejo financiero.

    Por su parte, miles de hidalguenses, ajenos a esos tejemanejes, se dispusieron a ver realizadas, en forma de obras públicas y acciones efectivas contra la pobreza, las promesas de bienestar que recibieron a granel durante la campaña morenista. Y ahí siguen, esperando en vano, pero la situación ha empeorado en más de un aspecto en contra de decenas de miles de familias. Bastan unos cuantos datos para demostrar ese empeoramiento: en el primer trimestre del año, Hidalgo fue el estado que presentó mayor aumento en la pobreza laboral con 7.3 por ciento, respecto del mismo periodo de 2023, de acuerdo con Coneval. Además, la entidad hidalguense es el quinto estado del país con mayor porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso (periódico AM del 29 de mayo de 2024, que cita un informe del Coneval). Un 48% de la población (casi la mitad de los hidalguenses) no puede adquirir la canasta básica haciendo uso de todo su ingreso. Además, según el propio Coneval, el 50.4% de la población no tiene garantizado el acceso a los servicios de salud, lo que ubica a Hidalgo entre las cinco entidades con más carencias en ese rubro.

    Con estos resultados, que en nada se distinguen de los que recibieron del gobierno anterior, se esperaría que los funcionarios morenistas hicieran un esfuerzo por mejorar en serio la vida de los hidalguenses o, por lo menos, evitar herir de palabra a quienes ya hieren de hecho con su falta de acciones contra la pobreza y la marginación. pero no es así, la soberbia campea por varias oficinas del Palacio de Gobierno de Hidalgo, donde no resuelven pero sí insultan y calumnian.

    Los antorchistas, que en ese estado son uno de los grupos más numerosos de hidalguenses organizados, recibieron al nuevo gobierno con toda gentileza y respeto e incluso con alguna esperanza de que resolviera problemas, algunos muy básicos y sencillos como regularizar colonias, que no había querido resolver el ex gobernador Fayad, metido ya en el plan de aumentar la inconformidad ciudadana para que la capitalizara electoralmente Morena.

    Con esa actitud respetuosa, los dirigentes estatales antorchistas han buscado al gobernador Menchaca para intentar hacerle saber de los problemas que sufren miles de familias que, haciendo uso de su derecho constitucional, están organizadas en el Movimiento Antorchista. Pero como no los ha recibido el gobernador, han acudido a la manifestación pública (derecho que aún está contenido en la Ley Máxima, mientras no lo elimine la 4T), han buscado a actores políticos que sirvan de interlocutores y, como último recurso, instalaron durante 20 un plantón frente al Palacio de Gobierno, el cual retiraron en cuanto hubo señales mínimas de diálogo pero que jamás se concretó en demandas resueltas. No hubo respuesta oficial a los problemas pero, “casualmente”, unos motociclistas embozados acudieron a balacear el domicilio de la líder estatal antorchista, Guadalupe Orona Urías. Ante ese enrarecimiento del ambiente político, decidieron buscar al gobernador en su informe de labores.

Pero, cuando contingentes provenientes de las zonas populares de Pachuca, Tizayuca y otras ciudades, así como campesinos de diversos municipios del estado se dirigían masivamente al lugar donde el gobernador rendía su segundo informe de gobierno, el 6 de septiembre, se les impidió llegar mediante la utilización de bloqueos policíacos en las carreteras, que cerraron el paso a los camiones donde se transportaban los manifestantes y los obligaron a retornar a sus lugares de origen, a otros contingentes los detuvieron kilómetros antes de llegar al recinto ferial donde se rendía el informe del gobernador Menchaca, mediante el emplazamiento de piquetes de porros (de los que hay abundantes fotografías en las redes sociales) que amenazaron a los manifestantes con pasar a los golpes y a la agresión con armas contundentes y de otro tipo. Si el asunto no pasó a mayores se debió a la prudencia de los antorchistas y no a la moderación de las fuerzas represivas enviadas por Morena, pues tal moderación no existió.

Semanas después, el 14 de octubre, continuaron las agresiones desde el gobierno. Cuando Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno, comparecía ante los diputados, este funcionario, se supone que encargado de la política y la conciliación en Hidalgo, en lugar de entender que la irritación popular y la exigencia de soluciones no es culpa de Antorcha sino de la ineficiencia gubernamental para atender las graves carencias de todo tipo que sufren los hidalguenses, se lanzó a repetir, muy mal hilados y peor argumentados, viejos ataques que en su momento lanzó y nunca probó López Obrador contra los líderes antorchistas, acusándolos de ser “intermediarios” y recibir beneficios económicos de los recursos públicos destinados a los grupos organizados en Antorcha. Una acusación, repito, que nunca han probado ninguno de nuestros malquerientes morenistas y que en este caso sólo busca desviar la atención del verdadero problema, que no es otro que durante dos años no ha disminuido la pobreza y la marginación en Hidalgo, sino que se han incrementado, en lo cual no ha tenido nada que ver nuestra organización.

Pero, una vez más, no cesaremos en nuestra lucha; así como resistimos el vendaval de ataques injustos e ilegales desde la presidencia de la República durante el sexenio anterior, resistiremos la mala copia de los ataques que lanzó el secretario de Gobierno de Hidalgo para escurrir el bulto ante los reclamos populares, ataques que hemos refutado decenas de veces y que no perderé el tiempo en refutar nuevamente a detalle. La salida es muy clara, señor secretario Olivares Reyna: construyan en Hidalgo miles de viviendas para los pobres, introduzcan agua, drenaje y electrificación en las colonias pobres, compongan los caminos y calles hechos trizas, apoyen a los albergues estudiantiles, páguenles a los maestros que imparten clases sin sueldo fijo, den servicios de salud como en Dinamarca, generen fuentes de empleo en la ciudad, apoyen a los campesinos… hagan todo eso y nadie lo molestará en sus comparecencias. Mientras eso no ocurra, aunque nos calumnie, amenace y persiga desde un poder que considera eterno e imbatible, pero que es tan efímero y frágil como todos los de esa especie, seguiremos organizando la lucha popular en Hidalgo, denunciando a los malos gobernantes y alentando al pueblo a tomar el poder en sus propias manos.