Elección de jueces y supremacía constitucional

 

Víctor Hugo Prado

Muy probablemente la mayoría de los ciudadanos no hemos logrado comprender la dimensión, trascendencia e impacto que tendrá la reforma judicial aprobada, con la que esencialmente, se elegirán ministros, magistrados y jueces. De entrada, señala Héctor Aguilar Camín, en Milenio que “no hay precedente de cómo ajustar la organización electoral vigente a la realidad de los distritos judiciales y a unas elecciones de candidatos “independientes”, pues deberán sufragar su campaña con su propio dinero y no podrán recibir dinero público ni apoyo de partidos políticos para sus campañas”, -fin de la cita- verdad a medias o media verdad, porque no habrá candidatos independientes, todos saldrán de las tribus de Morena y sus aliados en un fehaciente reparto de cuotas a los cuates.

En el mismo sentido, señala el ex consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, que otra dificultad más es que no existe normas secundarias que regulen el proceso electivo. La ventaja es que en México con la supermayoría calificada por su porcentaje de diputados y senadores podrán ir sacando al vapor cuanta ley soporte requieran, incluyendo modificaciones a la Constitución, a la que después de haberse aprobado nadie, ni dios santo, le podrá mover una coma de acuerdo con la reforma de supremacía constitucional que impulsó el oficialismo y aprobó evidentemente la supermayoría, aun cuando muchos expertos en materia jurídica han expresado sus preocupaciones porque atenta contra el sistema constitucional y democrático de nuestro país y, además, constituye una grave violación a los derechos humanos de legítima defensa, impidiendo que la Constitución sea impugnada con juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Agárrese bien, porque si mañana al oficialismo se le ocurre poner en la Constitución que se prohíban el uso del internet y de las redes sociales, que se elimine la propiedad privada, que se elimine la autonomía de las universidades y pasar a la administración del Estado y elegir rectores a mano alzada, no se sorprenda. Será un acto incontrovertible y no combatible desde la perspectiva legal.

Regresando al tema electivo, se han hecho cálculos de la sobrepoblación de candidatos que habrá en esa nueva realidad de distritos judiciales electorales. Por citar un ejemplo, escribe Aguilar Camín, que en la “Ciudad de México, calcula Carlos Elizondo, habrá que elegir 187 puestos entre mil 179 candidatos. Las boletas de votación tendrán tantos candidatos que, según un ejercicio de lo que sería la votación real, el votante puede tardar hasta nueve horas en llenarlas.

La curva de aprendizaje será sin duda catastrófica, en ramas del derecho cada vez más complejas y que rebasan el ámbito nacional. Elegir jueces, magistrados y hasta ministros que cuenten con 5 cartas de recomendación de sus vecinos y más de ocho de promedio compromete la justicia, el sano equilibrio de los poderes y al sistema democrático.

Este es mi comentario para Radio UdeG que siempre tiene una propuesta sonora atractiva, que acerca a las voces y los sonidos del presente.