Pedro Vargas Avalos
Es inaudita la contumacia de los trabajadores del poder judicial federal: protestan contra reformas judiciales, suspenden sus labores ilegalmente, violentan las sedes de las Cámaras legislativas, suspenden el esencial servicio de justicia, y todo esto, percibiendo sus salarios y privilegios, respaldada en todo momento su porfía por la presidenta de la Corte.
Desde el 16 de agosto pasado, se supo que “Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial de la Federación (PJF) someterán a votación la decisión de un paro de labores indefinido para impedir el avance de la reforma judicial.” (El País, 16-VIII-024). Es decir, ellos no aceptan que el pueblo elija a sus juzgadores, pero si recurren al voto -que sería el 19 de aquel mes- para “legitimar” protestas y paralizar irregularmente el servicio de justicia. Poco después -miércoles 21- estalló su movimiento ilícito y así seguía tras un mes de inmovilización de la justicia.
Para que no desistieran de ese empeño, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los acompañaron en sus maniobras contumaces, y para redondear ese apoyo, en reunión del Consejo de la Judicatura, se aprobó que se cubrieran las remuneraciones de todos los empleados paristas del poder judicial. Unos días antes, en el gobierno hubo conatos para que no se cubrieran los ingresos de los que no laboraran, aspecto que incluso también aprobó la presidenta electa, aunque no el primer mandatario López Obrador. La votación de los consejeros de la Judicatura, -que era 3 a 3- la inclinó el voto de la presidenta, ministra Norma Lucía Piña Hernández; de esa manera, los trabajadores del poder judicial pudieron dedicarse plenamente a protestar en vez de cumplir sus obligaciones, con la certeza de que sus sueldos estaban seguros.
Como ya sabemos, a pesar de las múltiples estratagemas de los impugnadores de la reforma judicial, esta avanzó. Pero hemos de anotar que esos rebeldes empleados judiciales, habían obligado que los diputados sesionaran en sede alterna -la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva-, pues se les impidió deliberar en su recinto. Sin embargo, el 4 de septiembre los diputados aprobaron las reformas; al respecto expresó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría lopezobradorista: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la cleptocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial, por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo…” (Excelsior, 4-09-2024).
El siguiente paso se registró en el Senado de la República. Los paristas prosiguieron en su empeño impugnador de la Reforma judicial, y desbordados en sus ánimos, ahora no solo bloquearon el lugar de sesiones -en este caso de los senadores-, sino que el 10 de este mes patrio, irrumpieron violentamente: cerca de las “16:30 horas de este martes se reportó un portazo en las instalaciones del Senado de la República. Los manifestantes ingresaron a pocos metros de las y los senadores, y con consignas como “el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, así como “y dónde están los senadores que nos iban a escuchar”, tomaron parte de las instalaciones de la Cámara Alta. Este grave suceso constriño a que la Cámara Alta cambiara de local para debatir, siendo tal sitio la casona de Xicoténcatl. Allí se aprobó el dictamen de la iniciativa, aprobada por mayoría calificada por los diputados, para modificar de raíz al poder judicial federal, que conlleva la reforma de todos los sistemas judiciales de las Entidades federativas. Estas por su parte, de forma rápida -fueron 23 Congresos locales- aprobaron dichas reformas y así, el Poder Constituyente Permanente, que tiene plena facultad para modificar la Constitución, culminó su tarea. Y contra estas reformas no hay recurso alguno.
El 15 se septiembre, célebre por la ceremonia del “grito” en Palacio Nacional, el zócalo se atiborró de mexicanos, quienes manifestaron su aprecio por el presidente López Obrador, llegando muchos a las lágrimas, en razón a ser el postrer evento público presidido por Amlo. Entre tanto el diario oficial de la Federación, publicó la multicitada Reforma Judicial, que entró en vigencia el día de la Independencia, es decir el 16 de septiembre. A partir de esta fecha, todo habitante, organismo o institución mexicana, está obligada a cumplir nuestra Carta Suprema, en tanto que todo extranjero, persona física, jurídica o país, debe respetarla. Bajo tal premisa, se dio a conocer que el lunes 23 de septiembre, volverían a sus labores todos los miembros del Poder Judicial de la Federación.
Increíblemente, la presidenta de la SCJN (quien declaró buscaría hasta internacionalmente como detener la Reforma, -allá ella y su conciencia-), ahora peregrinamente, acepta se estudien peticiones de jueces y magistrados, para que se acuerde en el pleno que hacer respecto a las reformas, lo cual es absurdo. Validos de ello, los contumaces miembros del poder judicial federal lograron, en un encuentro con los consejeros de la Judicatura Federal, que la suspensión de labores continúe hasta al menos el 2 de octubre; desde luego, faltaba más, percibiendo sus jugosos emolumentos. Sobre esto nos dice la prensa del día 21 de este mes: “Luego de una reunión con líderes sindicales, representantes de juzgadores y trabajadores judiciales, el CJF acordó alargar el paro de labores hasta el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum”. (Reforma, 21-IX-2024). La votación de los consejeros fue 4 a 3, decidiendo como siempre, el voto de la ministra Norma Lucía Piña.
Esa rebelde actitud, se puede explicar por muchos motivos, pero resaltan tres: El inicial, es que dichos integrantes -de todos los niveles- del poder judicial federal, han venido desempeñando sus puestos, sin mayor vigilancia y por ende sanciones, en consecuencia, la irresponsabilidad impera entre ellos. En segundo lugar, porque tienen atascado el ramo de la justicia, con parientes y amistades, conformando ese poder como nidal del nepotismo y las influencias. Finalmente, violando la Constitución, los ingresos que perciben miles de tales servidores públicos, son mayores a los que devenga el presidente de la república, agravados con variados privilegios que quizás solo tienen los altos ejecutivos de las mayores empresas transnacionales. Defender rabiosamente estas prebendas, son cuestiones sustanciales para estos renuentes miembros del poder judicial.
Así pues, no deja de asistirle la razón al diputado y exsenador zacatecano Ricardo Monreal, cuando exclamó: El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga. Y nosotros agregamos: y del paro ilegal, suspensión del servicio de justicia y el que se cobre sin trabajar, por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal.
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