Pedro Vargas Avalos
Nadie discute en nuestro país, que el poder judicial (tanto federal como estatal) es poco confiable. Que su personal está dañado profundamente por el nepotismo, el influyentismo y la corrupción. Por ello es necesaria una reforma a dicho poder constitucional.
Eso sí, se difiere de como ha de llevarse a cabo la innovación de la justicia. Por ahora, los sectores involucrados por su interés personal y de grupo, están sumamente molestos y en tanto que parte de los trabajadores, en contra de la ley, se declararon en “paro” (lo que es ilícito pues su derecho a huelga lo regula el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución), se les sumaron la mayoría de los magistrados y jueces (que no son simples trabajadores, es decir no tienen propiamente un patrón, como los empleados comunes) y como que deshojan la margarita los ministros, quienes por lo pronto se han dedicado a suspender sesiones.
Al margen de lo anterior, se adicionan varios equívocos de los miembros superiores del poder judicial. Y ello va a favor de lo indispensable de reestructurarlo a fondo, a partir de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), seguida por los ministros, continuando con los magistrados y jueces, hasta aterrizar en sus subalternos, desde los más elevados a los más simples: todos han incurrido recientemente en despropósitos, para no hablar de tiempos pasados, donde abundan esos extravíos.
Para ejemplificar con pruebas lo anterior, revisemos brevemente los hechos registrados públicamente, porque de los más comunes que no son del dominio público, solo lo saben los litigantes y las partes poderosas comprometidas en los procedimientos que se tramitan en juzgados y tribunales. Tampoco aludiremos su flagrante violación a la ley suprema, en relación con sus ingresos, área en donde más de 2300 ministros, magistrados, jueces y funcionarios, ganan más que el presidente de la república. Y esto lo defienden a capa y espada.
Veamos entonces, los despropósitos de este poder, comenzando de arriba, es decir con el sonado caso de la presidenta de la SCJ, ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esta abogada se desempeñó previamente a su actual investidura, como Jueza de Distrito y Magistrada de Circuito; al cargo de ministra llegó en diciembre de 2015, con la ayuda entre otros del magistrado Arturo Zaldívar. Cuando este dejó de presidir la Corte, el 2 de enero de 2023, fue electa como la primera mujer que preside la SCJ. Y en uno de sus primeros eventos, al cual asistió con lugar preferente, en Querétaro, con motivo del 106 aniversario de la Constitución el 5 de febrero de 2023, faltó al protocolo ordinario, pues cuando se recibió al primer mandatario de la república, ella no se levantó de su asiento, siendo la única personalidad que así se hizo notar. Al respecto, en tanto muchos ciudadanos, funcionarios y políticos, la criticaron por su falta de atención, el mismo jefe del gobierno federal, la exculpó diciendo que quizás estaba cansada. Sin embargo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la criticó señalando:"¿Por qué la presidenta de la SCJ, en la primera reunión con el presidente, no se levanta? ¿Por qué no nombra al presidente en su discurso? Es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial", anotando que además quien la invitó a esa ceremonia fue el mismo mandatario.
Pero dejemos ese tema, que en todo caso no es tan sustancial; ahora comentemos lo sucedido en diciembre 12 del año pasado, cuando estaba en desarrollo la lucha electoral por la presidencia de México. El suceso lo descubrió el periodista de Milenio, Salvador Frausto. En entrevista con Aristegui, se aclaró que fue una cena realizada en casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo presente; la invitación a la reunión fue de la ministra presidenta Norma Piña. Un día antes se había demandado la dimisión del presidente del Tribunal Electoral de la Federación -TRIFE- magistrado Reyes Rodríguez, que se asegura es proclive al prianismo, por sus antecedentes cercanos al calderonismo. Al encuentro acudió el inefable “Alito” (Alejandro Moreno), controvertible dirigente del PRI. También acudieron los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, quienes habían propiamente depuesto al magistrado Reyes. Estuvo invitado, pero no asistió, el jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel. Lo tratado allí se entiende: reclamar a los consejeros electorales por qué exigieron renunciar a Reyes, además de acordar actos en pro de la campaña de la oposición. Como dijo el periodista Frausto: lo menos del hecho, es considerar imprudente que Piña acercara a la cúpula judicial con Moreno, además de presionar a los magistrados electorales. En su momento, la nueva presidenta del TRIFE, Mónica Soto, señaló tales apremios, y la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum manifestó: “la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”. (Contra línea, 16-V-2024).
Otro tema que denota la conducta de la presidenta de la SCJ es referente al trato que dio al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar: en abril de este año, por acuerdo de dicha ministra Piña quien también dirige el Consejo de la Judicatura Federal, se tramitó una denuncia anónima contra Zaldívar, a todas luces precipitada e irregular. Por ello, Zaldívar dijo tajante: “Norma Piña me tiene animadversión, un odio patológico”. Lo cual desde luego no habla bien de tan alta funcionaria judicial.
Hace muy pocos días, en un calificado intento por socavar las funciones del INE y el TRIFE, se suscitaron dos casos desatinados: primero, a fines de junio el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar provisionalmente a las dos vacantes de la Sala Superior, para que de inmediato sesione con el pleno completo. Esto, que es facultad del Senado, fue rechazado por el TRIFE, el cual anunció denunciaría penalmente a dicho juez, (que por cierto fue secretario de la ministra Piña, antes de ser enjuiciador) por abusar en sus funciones. El asunto lo terminó un tribunal colegiado, el cual revocó la resolución del incoherente juez. El otro asunto, fue cuando la señora Piña aceptó un trámite del presidente del PAN, Marco Cortés, para impedir la asignación de mayoría calificada en la Cámara de diputados, a Morena y sus aliados. Ella lo encargó a su cofrade, el ministro González Alcántara, el cual ahora le falló y en sesión de la Corte, declaró que lo que propusiera sobre ese asunto, no tendría ni consecuencia retroactiva, ni incidiría en la asignación de diputados, cuya función suprema y última, es del Tribunal Federal Electoral. De esa forma se disipó la estratagema opositora y la complacencia de la SCJ.
En cuanto a los ministros, varios de ellos se han declarado adversarios de la Reforma judicial, pero el colmo es lo que declaró el multicitado González Alcántara: que la reforma judicial es un capricho del Ejecutivo, porque está molesto por no aprobársele que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. Obvio que AMLO, el 2 de agosto en la mañanera, lo desmintió; en general la ciudadanía no creyó aquel señalamiento. Y así como el susodicho González Alcántara, están de acérrimos contrarios de la reforma, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.
Ahora veamos el absurdo que aconteció este sábado 31: Jueces de distrito de Morelos y Chiapas otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión y aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y está previsto que comience su proceso legislativo mañana -1 de septiembre- luego de la instalación de la Cámara de Diputados. Asimismo, ocho jueces promovieron amparos en contra del proceso legislativo para evitar que sea enviada a los congresos locales. ¡Y eso que están en paro!
Lo anterior no lo aprobaron ni siquiera los más aguerridos críticos de la reforma judicial, como Diego Valadez: “esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley”. De igual manera, el afamado Francisco Burgoa, otro de los enemigos férreos a la reforma, dijo: “No comparto el criterio del Juez y sólo aumentará la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación”. (Latin Us, y Sin Embargo, 31 agosto 2024).
Con justa razón, el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal afirmó: “Esta mayoría legislativa, categórica y enérgicamente, determina que no se somete, ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”.
Así se las gastan los señores integrantes, en todos los niveles, del poder judicial federal. Con lo anteriormente narrado, se confirma que “los guardianes de la ley se niegan a acatarla, para darse a sí mismos un régimen de excepciones y privilegios. Y no hay autoridad a la que se pueda recurrir para evitarlo”. De allí que no quede otra salida, que reformar a fondo ese poder, en un serio esfuerzo por lograr lo que dice el articulo 17 de la Carta Magna: que la justicia debe otorgarse pronta, expedita, imparcial y gratuitamente, para todos los mexicanos.
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