La amenaza de las regresiones

 

Víctor Hugo Prado

Con el avance del conjunto de reformas dispuestas en el plan C que impulsa el actual gobierno y lo hará el que llega el 1 de octubre, están en la mira para desaparecer dos órganos autónomos, estrechamente relacionados con la educación y con la mejora de ésta. Uno de ellos es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocido como MEJOREDU, que entre otras funciones se encuentra determinar indicadores de resultados de la mejora educativa; generar y difundir información que contribuya a la mejora permanente del Sistema Educativo; proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la SEP y las autoridades educativas de las entidades federativas, así como impulsar el plan de mejora de la formación continua y desarrollo profesional docente en contextos y realidades regionales y locales, así como las necesidades educativas y condiciones de vulnerabilidad social. Esta Comisión sustituyó a su vez, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa conocido como INEE, dado de baja, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.

Un segundo órgano amenazado de muerte es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros conocido en el mundo educativo como la USICAMM, que entre otras funciones tiene la relevante tarea de establecer los mecanismos para el acceso formal al servicio público educativo, conforme al proceso de admisión dispuesto en el artículo 3°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), al cual deben concurrir los aspirantes en igualdad de condiciones, en concursos abiertos, públicos, transparentes, equitativos e imparciales, valorando los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario.

El argumento de la desaparición de ambas entidades es, por un lado, la austeridad; por el otro, que es una función que puede recaer en la propia Secretaría de Educación Pública. No obstante la validez de los argumentos, el Sistema Educativo Nacional estaría perdiendo la posibilidad de realizar diagnósticos objetivos y explicativos que orienten, describan y muestren el estado de la educación y sus niveles de calidad, con el fin de garantizar el derecho a una educación de equidad y calidad para todas las personas. Por otra parte, podríamos regresar a la captura y venta de las plazas de docentes por parte de sindicatos y funcionarios, una práctica que hizo mucho daño al sector educativo nacional, con lo que podría salir más caro el caldo que las albóndigas. Lo deseable es que no haya regresiones.