Jaleo entre poderes y logro de la democracia

 

Pedro Vargas Avalos

Escenario dramático han sido los recientes días con motivo de la reforma judicial. Los poderes que perviven en la república -constitucionales, fácticos- se contrapusieron y a veces generaron extravagantes torbellinos. A la postre, pueblo y gobierno unidos, salieron avante y el 15 de septiembre se publicaron las reformas en el diario oficial de la Federación, para que sean vigentes a partir del señero 16, día de la independencia de nuestra patria.

¿Cuáles son esos poderes a que nos referimos? Los constitucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- y los fácticos, es decir los sectores de la sociedad, como la banca, los empresarios, los partidos políticos y organismos civiles -incluidos burocráticos-, la Iglesia y los medios de comunicación, que ejercen sobre ella (la sociedad) cierta o gran influencia, confiados en su capacidad de presión, a la cual suelen sumárseles entes nacionales o extranjeros que por ideología o intereses materiales pretenden influir en asuntos exclusivos de la nación.

La contienda ha sido pasmosa debido a que los contendientes empeñaron todo tipo de recursos para alcanzar sus objetivos. Entre los poderes emanados de la Carta Magna, fue manifiesto el enfrentamiento del poder judicial, conducido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encarnado en su presidenta -Norma Leticia Piña Hernández- contra el legislativo -cámaras de diputados y de senadores-representado por el partido mayoritario y sus aliados, los cuales secundaron las iniciativas de modificación constitucional presentadas desde el 5 de febrero de este año por el ejecutivo federal. La SCJN actuó sincronizadamente con la minoría legislativa (integrada por los partidos de Acción Nacional -PAN-, Revolucionario Institucional -PRI- y de la Revolución Democrática- PRD-) acrecentada por Movimiento Ciudadano -MC-. En consecuencia, el desafío fue impresionante.

Para alcanzar ese nivel de magnitud, debemos considerar que los poderes fácticos se sumaron a los fines de la SCJN y de la minoría legislativa, que en pocas palabras era evitar se concretaran las iniciativas de reforma presentadas por el ejecutivo el día de la Constitución Política de México, en esta ocasión significadas especialmente por las reformas al poder judicial.

Por tirios y troyanos es reconocido que la justicia en nuestro país no cumple ni medianamente los mandatos constitucionales de que debe ser pronta, expedita, imparcial y gratuita. Lo anterior se agrava con números en la mano, al demostrar que el nepotismo y el influyentismo corren parejos en materia de justicia, y han convertido al poder judicial en centro de podredumbre. Un estudio reciente enlista los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Como ejemplo se puso a Jalisco, Estado que ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados, por lo que se le intitula “Jalisco: el Virreinato de los hijos”. (Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos: El Poder Familiar de la Federación).

En cuanto al influyentismo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo): “hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse, de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias.”

Siendo irrefutable que se ocupa una profunda modificación del poder judicial, la SCJN nada hizo para avenir y coordinar ideas con las propuestas presidenciales. Tanto en ella, como en las fuerzas de las oposiciones, jamás esperaron los resultados electorales del 2 de junio, en los cuales la ciudadanía otorgó mayoría calificada a los lopezobradoristas, quienes de esa manera vieron culminado su Plan C de reformas y con el dominio en las cámaras alta y baja, se dispusieron a culminar sus proyectos. Se organizaron por los diputados amplios foros de consulta y participación de miembros del poder judicial federal y de los Estados, de los trabajadores de esos poderes, abogados, académicos y demás interesados en el ramo. En ellos, fue evidente que los ministros, magistrados y jueces, estaban en contra de la reforma; enseguida se sumaron atropelladamente los trabajadores, y llegaron a un ilícito paro de labores. Su actitud fue no solo firme, sino furibunda. Unos y otros defendían a ultranza sus privilegios escandalosos: la SCJN apoyó a los paristas y hasta autorizó que recibieran sus sueldos íntegramente. El servicio prioritario de justicia, no les importó y lo relegaron, para ellos lo sustancial era evitar las reformas y con ello salvar sus prebendas.

Los poderes fácticos, al principio algo tibios, acrecieron y se volvieron beligerantes, refractarios y hasta amenazantes. Los embajadores de Estados Unidos y de Canadá tomaron parte y declararon su disconformidad con la reforma judicial, especialmente señalando la inaceptación del sufragio popular para elegir a los juzgadores federales. Hubo necesidad de que el primer mandatario los señalara y marcara sus intromisiones inadmisibles, declarando una pausa con ellos, no con sus gobiernos, menos con sus pueblos: los negocios y relaciones no se inmutaron, a pesar de las “aves de mal agüero” sobre todo emanadas de sectores empresariales y los grupos de la derecha ideológica, algunos de calaña internacional, que advertían de turbulentos tiempos en lo interno y lo externo.

La pugna que por la llamada sobrerrepresentación de legisladores fue una batalla campal, la perdieron los opositores. Y heraldos de la retrospectiva como Krauze y Aguilar Camín, afirmaron que había muerto la democracia y con ello surgido la dictadura. No cabe duda de que añoran tiempos idos, cuando eran consentidos de las camarillas gobernantes.

La iglesia, -obispos, curas y beatería- sobre todo la católica, también echó su cuarto a espadas y se proclamó contraria a las reformas con relación a la administración de justicia. Estudiantes de universidades de paga y minorías del círculo de nivel alto, muchos de ellos empleados en la SCJN y tribunales, se desbordaron y satanizaron la iniciativa, dizque defendiendo la independencia del poder judicial y la carrera para escalar puestos en ese ámbito, repudiando la elección popular.

La desesperación de los liderados por la presidenta de la SCJN llegó al punto de ignorar al Constituyente Permanente (cuya atribución es adicionar, reformar, derogar o abrogar partes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) integrado por las Cámaras de la Unión y los congresos estatales, pues sin rubor alguno y careciendo de competencia, algunos jueces de distrito osaron conceder suspensiones para evitar la discusión de la reforma en el poder legislativo, o de inhibir enviar a los congresos locales la minuta que se aprobara en las cámaras, y finalmente, en el colmo de la rabieta de un tribunal colegiado, este prohibió se publiquen en el diario oficial las multicitadas reformas. Y como cereza en el pastel, la ministra Piña todavía expresó que buscaría algún recurso, aquí o fuera del país, para impedir la reforma constitucional. (¡¡!!).

Así describe el presidente del Senado (Gerardo Fernández Noroña) la parte final del jaleo entre poderes: los seguidores de la SCJN y los partidos opositores, usaron todo tipo de provocaciones y maniobras…buscaron que las sesiones no se llevaran a cabo…permitieron el asalto violento a la cámara de senadores en un repudiable intento golpista…los medios no dijeron nada al respecto, ni siquiera cuando la “Chuya” senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo de Aguascalientes, llamó a linchar a quien votara a favor de la reforma. Entonces hubo necesidad de pasar a la sede alterna del antiguo Senado (tal como los diputados se habían visto obligados sesionar en sede alterna)…hubo sesiones tormentosas y finalmente entre 10 y 12 de este mes septembrino ya estaba lograda la aprobación en lo general y particular en ambas cámaras. Para el día de los Niños Héroes, con 24 aprobaciones de congresos estatales se alcanzó la constitucionalidad de las reformas, enviándose al ejecutivo para su publicación.

Amlo anunció se publicaría la reforma el 15 de septiembre. Noroña precisó: será espléndido regalo no para el presidente, sino para el pueblo, añadiendo: y que se oiga bien y lejos, en México manda el pueblo y nadie más…en cuanto a la oposición están presentes en su ausencia, en la intrascendencia a que ellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Dicen los medios de comunicación tradicionales que tenemos una dictadura, con lo que resulta que si el pueblo manda es dictadura, y si las mayorías nos respaldaron es una dictadura, pero eso se llama democracia, el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo.

En esta victoria de los mexicanos, se demostró como se sortearon violencia, provocaciones, campañas de linchamiento y descalificaciones. Como reitera quien dirige la Cámara Alta: “…nosotros le decimos al pueblo de México que no les fallaremos, estamos bajo su observancia…la oposición tiene un largo camino de aprendizaje…nosotros seguiremos por largo tiempo porque estamos cumpliéndole al pueblo, estamos haciendo política y no politiquería, …y aunque la oposición nos muerda la mano, la tenemos extendida, a pesar de que no tenga palabra y traicione hasta los principios más extremos…siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero eso sí: bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que otorgó la ciudadanía”.

Este logro de la democracia mexicana bien merece la aclamación: ¡Larga vida al valiente y comprometido pueblo de México!