Elección de jueces: refuerzo a dictadura presidencial

 

Homero Aguirre Enríquez

Hay graves e importantes asuntos de la vida pública en donde las grandes mayorías de habitantes de un país no ven un problema para sus intereses inmediatos y de largo plazo, tal vez suponiendo que se trata de temas para debatirse exclusivamente entre politólogos, expertos en el tema y políticos profesionales, y que las acciones que se deriven de esas discusiones no incumben ni afectan a las grandes mayorías.

El desinterés de los pueblos por cuestiones trascendentes, que tienen que ver con su vida presente y futura, es una señal clara de la despolitización que padecen millones de personas, que por lo mismo son susceptibles de convertirse en víctimas de una grosera manipulación de las clases y grupos gobernantes, que reduce la participación en la vida pública de las grandes mayorías de hombre y mujeres a depositar una boleta en una urna electoral a favor de quien les prometa una mejoría inmediata, aunque sea minúscula y muchas veces ilusoria.

Pienso que eso ocurre con la reforma constitucional al Poder Judicial que está a punto de aprobar Morena en la Cámara de Diputados, donde ese partido y sus membretes ya son mayoría absoluta, y en la Cámara de Senadores, donde no le será difícil conseguir el voto de un senador cualquiera para lograr mayoría absoluta, que modificará la Constitución de la República y obligará a que todos o la mayoría de los jueces, magistrados y ministros se elijan por voto popular, lo cual desatará de inmediato todo tipo de maniobras electoreras para posicionar y a la postre elegir como “impartidores de justicia” a incondicionales del presidente de la República, lo que traerá como consecuencia la desaparición de cualquier resto de independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo que, a partir de octubre de este año, estará a cargo de la obradorista Claudia Sheinbaum.

Mucha gente no sabe qué significa esta reforma al Poder Judicial o no alcanza a ver ahi consecuencias negativas para el rumbo del país y para los intereses de muchos mexicanos que no forman parte de la élite gobernante. Hay quienes se conforman e incluso se animan con el discurso oficial que pregona que, ahora sí, será “el pueblo” el que imparta justicia verdadera, imparcial, pronta y expedita; que por fin habrá independencia de poderes y los jueces solo obedecerán a sus electores y no al presidente de la República ni a otros patrocinadores, como ocurría antes. Pero la verdad es muy distinta, nos encaminamos al fortalecimiento del presidente de la República como poder único, lo que multiplicará los abusos de poder y aumentará la indefensión de quienes no ven en la 4T otra cosa que un engaño tramado a muy alto nivel del mundo para engañar y mediatizar al pueblo de México, y someter a quien pretenda encabezar otra alternativa de gobierno.

Antes de esta reforma al Poder Judicial, existía la posibilidad de que un partido ganara en las urnas tanto el poder Ejecutivo (presidencia de la República) como el Legislativo (Cámaras de Diputados y Senadores), y ambos poderes tenían facultades de elegir y conformar el poder Judicial. Sabemos de la prepotencia que desde entonces tenía el presidente de la República sobre los otros poderes, pero aún quedaba un pequeño margen para la independencia judicial. Una vez aprobada la reforma de la que aquí hablamos, tendremos que un mismo partido, Morena, dominará el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo que significa anular totalmente la división de poderes. “El sistema político mexicano puede calificarse como un régimen presidencialista, que se caracteriza, además, por un presidencialismo exacerbado, es decir, que la Constitución y sus leyes derivadas, sumadas a nuestra herencia histórica, otorgan al poder Ejecutivo facultades extraordinarias que lo convierten, de facto, en el poder dominante sobre los otros dos, de donde resulta que la democracia mexicana ha funcionado siempre como una dictadura del Presidente de la República en turno”, escribió acertadamente en el 2020 el ingeniero Aquiles Córdova Morán, al referirse a las insistentes maniobras de AMLO para someter más el Poder Judicial.

La reforma al Poder Judicial que está a punto de aprobar el obradorismo no va encaminada a disminuir ese poder dictatorial que han tenido los presidentes de la República, incluido AMLO, y que ha dado pie a innumerables abusos contra quienes se les oponen. No es una reforma que busque darle verdadera independencia, fuerza y limpieza al Poder Judicial. Al contrario, lo debilitará, lo subordinará de manera absoluta al presidente, tal y como ya están subordinados la mayoría absoluta de diputados federales y senadores.

Para darnos una idea de lo que se avecina, basta pensar en el largo listado de delitos que han sido incorporados como merecedores de prisión preventiva, en los que basta la acusación para que te encarcelen. ¿Alguno de esos jueces promovidos mediante campañas electorales a modo y financiadas descaradamente desde el poder será capaz de oponerse a una decisión política de encarcelar a un mexicano sobre el que caiga la ira del poder presidencial desmedido? Ninguno. Ahora, la presidencia de la República y los gobernadores tendrán a su disposición más jueces a modo, para quienes “será un honor” encarcelar opositores al poderoso en turno.

Qienes piensen que detener esta embestida correrá a cargo de los representantes de los Estados Unidos, porque el embajador y otros funcionarios estadounidenses y de otros países ya declararon que les preocupa la democracia y podría afectarse la relación comercial de aprobarse esta reforma, no deben olvidar que los Estados Unidos y otros países imperialistas han estado y están dispuestos a hacerse de la vista gorda ante las peores violaciones a los derechos humanos y a la democracia, cometidas por las dictaduras más represivas y atroces. Así que, si les garantizan la marcha de sus negocios y obtienen alguna ventaja, le darán el visto bueno a esta reforma. Solo el pueblo politizado y organizado, que despierte con el estudio profundo de su realidad y con los golpes de la vida, podrá construir algún día una sociedad democrática y justa para las mayorías.