Morena anuncia recortes al gasto social

 

Homero Aguirre

Muy pronto empezará el segundo sexenio de Morena en la Presidencia de la República. Como era de esperarse, ya hicieron acto de presencia los ríos de promesas de la futura Presidenta: incrementar los programas sociales; construir carreteras y vías de ferrocarril por doquier; “convertir a México en una potencia educativa, científica y de la innovación”; acceso a “vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos”; disminuir la violencia “atacando sus causas estructurales”; construir 500 mil viviendas nuevas; financiar “precios de garantía y fertilizantes gratuitos” para apoyar a los campesinos; hacer realidad aquello de “Internet para Todos”; aceptar la relocalización de empresas extranjeras (nearshoring) en nuestro territorio, pero “con buenos salarios para las mexicanas y los mexicanos, con derechos laborales, con vivienda”, etcétera, etcétera.

Pero en vez de anunciar de dónde se obtendrá el recurso adicional para cumplir tales promesas, se anticipa que el presupuesto federal sufrirá “un recorte al gasto programable de 833 mil 664.5 millones de pesos, con respecto a su estimado para el presente año”, ¡casi un billón de pesos!, según adelanta la Secretaría de Hacienda, sin precisar aún cuáles serán los rubros que va a recortar, pero que impedirán con toda seguridad que se cumplan muchos de esos ofrecimientos del nuevo Gobierno

Un gobierno, cualquiera que sea, obtiene sus ingresos principalmente de los impuestos que cobra, de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos y de los préstamos que pide en el extranjero. Con eso debe pagar los salarios de los cientos de miles de burócratas, desde el presidente hasta el empleado más modesto, realizar obras públicas, proporcionar educación y salud, apoyar al campo, fomentar el turismo, generar y distribuir electricidad, dar seguridad, impartir justicia, transferirle recursos a estados y municipios y, en general, financiar todos los programas públicos que existan en el país. Es obvio que, si no recauda más impuestos o no aumenta las ventas de lo que producen las empresas públicas (por ejemplo, Pemex), no dispondrá de recursos suficientes para mantener y mucho menos para aumentar su gasto en los rubros señalados y tendrá que recurrir a préstamos de organismos extranjeros, a los que hay que devolver el préstamo, dólar sobre dólar, más un impuesto.

Pues bien, si vemos por separado cada aspecto de esos ingresos para el caso de México, el escenario nacional no pinta nada bien para los mexicanos, sobre todo los de bajos ingresos.

1) México es de los países que menos impuestos recauda en proporción a su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el 2022, los ingresos tributarios en México representaron 16.9% del PIB mexicano, con lo que fue el país de los 34 de la OCDE que menos recaudó en términos relativos. Esa situación no se revirtió en el actual sexenio: “en los cinco años de gobierno los ingresos registran un aumento de sólo 6.7%, lo que apunta a ser el peor desempeño de las últimas cuatro administraciones”, reportó el año pasado México Evalúa.

2) Los ingresos de Pemex por venta de petróleo se desplomaron. “La producción de petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a su nivel más bajo en 45 años: 1,502 millones de barriles diarios en abril” (EL ECONOMISTA, mayo 2024), lo que significó que miles de millones de pesos dejaran de entrar al presupuesto público.

3) Como el gobierno morenista no recaudó lo suficiente para financiar sus programas de gobierno, porque no se atrevió a una reforma fiscal para que paguen más los multimillonarios que se volvieron aún más ricos en este sexenio, y como disminuyeron los ingresos de la principal empresa del Estado (Pemex) debido a la mala administración de la misma, entonces se dirigió a los organismos neoliberales a solicitar préstamos que durante años tendremos que pagar los mexicanos.

Como resultado, la deuda externa del México creció como nunca. “Pese a la narrativa de la austeridad, la realidad es que el Gobierno federal está echando cada vez más mano de la deuda para solventar el gasto público. Al cierre de 2023, el endeudamiento ascendió a 1.36 billones de pesos o 4.3% del PIB (…) Es prácticamente el doble de endeudamiento que el observado al final del sexenio anterior (2.2% del PIB)”, según un estudio de México Evalúa.

Ninguno de estos indicadores evolucionará positivamente en el sexenio entrante: no se propone una reforma fiscal progresiva que aumente la recaudación de impuestos a las grandes fortunas, no hay manera de que Pemex se recupere a corto plazo y tampoco se puede endeudar al país indefinidamente porque los prestamistas se cuidan mucho de soltar más dinero a quien no les pague. Las cuentas ya no le salen al Gobierno federal, gastó de más en el sexenio de AMLO y terminó endeudando al país como lo hacían los peores gobiernos neoliberales.

Ahora, los poderosos financieros trasnacionales exigen que el Gobierno mexicano les pague a como dé lugar los préstamos otorgados; por eso, los datos oficiales sobre la propuesta de presupuesto federal del año 2025 plantea destinar varios cientos de miles de millones de pesos a pagar la deuda contraída para financiar el déficit fiscal en el sexenio que termina y anuncian, sin llamarlo por su nombre, un recorte brutal en el presupuesto destinado a mejorar la vida de los marginados, los cuales deberán organizarse y luchar con todas sus fuerzas contra esa política que los condena a seguir padeciendo penurias, atraso, violencia, enfermedades y otras lacras de una sociedad donde la riqueza no les toca a los que la generan.