Homero Aguirre
Muy
pronto empezará el segundo sexenio de Morena en la Presidencia de la
República. Como era de esperarse, ya hicieron acto de presencia los
ríos de promesas de la futura Presidenta: incrementar los programas
sociales; construir carreteras y vías de ferrocarril por doquier;
“convertir a México en una potencia educativa, científica y de la
innovación”; acceso a “vacunas, cuidados preventivos, atención
médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos
gratuitos”; disminuir la violencia “atacando sus causas
estructurales”; construir 500 mil viviendas nuevas; financiar
“precios de garantía y fertilizantes gratuitos” para apoyar a
los campesinos; hacer realidad aquello de “Internet para Todos”;
aceptar la relocalización de empresas extranjeras (nearshoring) en
nuestro territorio, pero “con buenos salarios para las mexicanas y
los mexicanos, con derechos laborales, con vivienda”, etcétera,
etcétera.
Pero en vez de anunciar de dónde se obtendrá el
recurso adicional para cumplir tales promesas, se anticipa que el
presupuesto federal sufrirá “un recorte al gasto programable de
833 mil 664.5 millones de pesos, con respecto a su estimado para el
presente año”, ¡casi un billón de pesos!, según adelanta la
Secretaría de Hacienda, sin precisar aún cuáles serán los rubros
que va a recortar, pero que impedirán con toda seguridad que se
cumplan muchos de esos ofrecimientos del nuevo Gobierno
Un
gobierno, cualquiera que sea, obtiene sus ingresos principalmente de
los impuestos que cobra, de la venta de bienes y servicios de las
empresas y organismos públicos y de los préstamos que pide en el
extranjero. Con eso debe pagar los salarios de los cientos de miles
de burócratas, desde el presidente hasta el empleado más modesto,
realizar obras públicas, proporcionar educación y salud, apoyar al
campo, fomentar el turismo, generar y distribuir electricidad, dar
seguridad, impartir justicia, transferirle recursos a estados y
municipios y, en general, financiar todos los programas públicos que
existan en el país. Es obvio que, si no recauda más impuestos o no
aumenta las ventas de lo que producen las empresas públicas (por
ejemplo, Pemex), no dispondrá de recursos suficientes para mantener
y mucho menos para aumentar su gasto en los rubros señalados y
tendrá que recurrir a préstamos de organismos extranjeros, a los
que hay que devolver el préstamo, dólar sobre dólar, más un
impuesto.
Pues bien, si vemos por separado cada aspecto de
esos ingresos para el caso de México, el escenario nacional no pinta
nada bien para los mexicanos, sobre todo los de bajos ingresos.
1)
México es de los países que menos impuestos recauda en
proporción a su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el 2022, los
ingresos tributarios en México representaron 16.9% del PIB mexicano,
con lo que fue el país de los 34 de la OCDE que menos recaudó en
términos relativos. Esa situación no se revirtió en el actual
sexenio: “en los cinco años de gobierno los ingresos registran un
aumento de sólo 6.7%, lo que apunta a ser el peor desempeño de las
últimas cuatro administraciones”, reportó el año pasado México
Evalúa.
2) Los ingresos de Pemex por venta de petróleo se
desplomaron. “La producción de petróleo crudo de Petróleos
Mexicanos (Pemex) llegó a su nivel más bajo en 45 años: 1,502
millones de barriles diarios en abril” (EL ECONOMISTA, mayo 2024),
lo que significó que miles de millones de pesos dejaran de entrar al
presupuesto público.
3) Como el gobierno morenista no
recaudó lo suficiente para financiar sus programas de gobierno,
porque no se atrevió a una reforma fiscal para que paguen más los
multimillonarios que se volvieron aún más ricos en este sexenio, y
como disminuyeron los ingresos de la principal empresa del Estado
(Pemex) debido a la mala administración de la misma, entonces se
dirigió a los organismos neoliberales a solicitar préstamos que
durante años tendremos que pagar los mexicanos.
Como
resultado, la deuda externa del México creció como nunca. “Pese a
la narrativa de la austeridad, la realidad es que el Gobierno federal
está echando cada vez más mano de la deuda para solventar el gasto
público. Al cierre de 2023, el endeudamiento ascendió a 1.36
billones de pesos o 4.3% del PIB (…) Es prácticamente el doble de
endeudamiento que el observado al final del sexenio anterior (2.2%
del PIB)”, según un estudio de México Evalúa.
Ninguno de
estos indicadores evolucionará positivamente en el sexenio entrante:
no se propone una reforma fiscal progresiva que aumente la
recaudación de impuestos a las grandes fortunas, no hay manera de
que Pemex se recupere a corto plazo y tampoco se puede endeudar al
país indefinidamente porque los prestamistas se cuidan mucho de
soltar más dinero a quien no les pague. Las cuentas ya no le salen
al Gobierno federal, gastó de más en el sexenio de AMLO y terminó
endeudando al país como lo hacían los peores gobiernos
neoliberales.
Ahora, los poderosos financieros trasnacionales
exigen que el Gobierno mexicano les pague a como dé lugar los
préstamos otorgados; por eso, los datos oficiales sobre la propuesta
de presupuesto federal del año 2025 plantea destinar varios cientos
de miles de millones de pesos a pagar la deuda contraída para
financiar el déficit fiscal en el sexenio que termina y anuncian,
sin llamarlo por su nombre, un recorte brutal en el presupuesto
destinado a mejorar la vida de los marginados, los cuales deberán
organizarse y luchar con todas sus fuerzas contra esa política que
los condena a seguir padeciendo penurias, atraso, violencia,
enfermedades y otras lacras de una sociedad donde la riqueza no les
toca a los que la generan.
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