Tras la tormenta, viene la calma: la tarea que sigue

 

Pedro Vargas Ávalos

 

 

Bien decía el estadista inglés Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. La lección del domingo 2 de junio en México, es de profundo significado para la nación, y debemos aprenderla en toda su dimensión, lo cual podemos sintetizar diciendo que, para encarar exitosamente nuestro devenir, el mejor medio es actuar democráticamente.

            Más del sesenta por ciento de ciudadanos nos volcamos en las urnas ese memorable día de votaciones, otorgando un mandato que bien habla de lo realizado por el gobierno federal saliente y confía a plenitud en la administración que sigue.

            Ahora las oposiciones deben reasumirse, reflexionar, entender lo que debe ser su papel en la vida nacional, reconocer sus errores y sumarse a todo lo que beneficie al pueblo y fortalezca a la república. La actitud de bloqueo legislativo -que fue su insignia antes del tsunami electoral que la abatió- hacia lo que propusiera la mayoría o el poder ejecutivo, es ciego, impopular y muy negativo. A ella -la oposición- la rezagó y al país lo obstruyeron, motivando que la ciudadanía condenara a los impugnadores de la Cuatro T.

            El uno de septiembre inicia labores el poder legislativo surgido de esos comicios cercanos: una ocupación básica para las cámaras de diputados y senadores-será estudiar y decidir sobre las iniciativas que les envió el primer mandatario, mismas que dio a conocer el 5 de febrero de este año. En general son 20, siendo la mayoría -18- de índole constitucional.

            Para los habitantes de la República, además de coadyuvar en lo anterior, lo que nos ocupará además de continuar nuestras actividades, para salir avante en todos los órdenes, es proseguir trabajando -como buenos ciudadanos- por el engrandecimiento de nuestra patria. Aquí no se vale profesar tal o cual ideología, sino anteponer el interés primordial de la nación: eso es lo prioritario y en ese empeño nunca debemos de cejar.

            Entre las misiones que habremos sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena culminación, están varias propuestas muy trascendentes que las circunstancias imperantes aplazaron, resaltando las que tienen el fin de mejorar nuestro sistema republicano, democrático y de justicia.

            Si al respecto damos una visión de vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen señalados aspectos que se deben enmendar.

            Sobre lo anterior y en cuanto al legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la cámara de Senadores, donde los miembros de dicha instancia resienten la presencia impropia de los denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de ser. 

               Lo contrario a lo antedicho, es sobre los diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por medio del voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara correspondiente, tanto con representantes populares electos por el principio de mayoría, como complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de las minorías. Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados deben legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones -los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.

             Para unos y otros (senadores y diputados) se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es indebido que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido político, y ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con lo cual atropellan la ideología de su partido y sobre todo, traicionan los afanes de sus votantes.

             Por lo que ve al poder ejecutivo, dado que nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas para que ese poder no sea omnímodo, pero tampoco le falten apoyos eficientes para cumplir su esencial objeto.

           Sobre el poder judicial, no cabe duda de que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración (conforme lo diseñó el Constituyente de Querétaro o de forma electiva popularmente, según lo habían ordenado las Constituciones  anteriores), y procediendo con las que impliquen un sistema de vigilancia que sancione su sobre ejercicio, precise su ámbito y la ciña a solo su función  de tribunal constitucional: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene normativas que cuiden eficazmente esas facetas, y la única que existe es imposible en la práctica, pues siendo el juicio político, este requiere votación calificada de la Cámara baja para proceder, lo cual jamás se logra por las enconadas diferencias con que operan los partidos políticos. Antiguamente hubo organismos cuyo específico encargo era vigilar la conducta de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros, lo cual se tendría que considerar en la actualidad. De igual manera, se debe rectificar lo referente al Consejo de la Judicatura, el cual no debe ser presidido por quien encabece la Corte, (en las Entidades federativas los presidentes del Tribunal Superior) pues esa doble función genera conflictos de interés y promueve múltiples anormalidades en su marcha.

           

            Los subsidios a los partidos políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias. Nuestra democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.

            El ámbito municipal también debe tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la división de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden constitucional y por tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena que para su ejercicio se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas federal y estatal, pero se exceptúa a la municipal, lo cual permite que los presidentes municipales no solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan lo reglamentario -legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en lo que atañe a los ayuntamientos.

                Por lo que ve a la creación de municipios, es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que es un derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas pretensiones de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo cual sucedería al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la República, pues de esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los tribunales para hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de Capilla de Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como municipio, manejos políticos y   legaloides dieron al traste con tal disposición. Empero, a lo largo y ancho de México y Jalisco, existen muchísimos poblados que aspiran a ser municipalidades, pero fracasan en su afán por falta de apoyos de líderes poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes. Eso no debe prevalecer, y una enmienda constitucional lo resolvería de cuajo.

                       En fin, después de los comicios del 2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando los resultados de las urnas, (lo que no implica cuando proceda, dejar de defender la validez de los votos) que es la voluntad del pueblo, y a la par, sumarnos hombro con hombro, actuando unidos todos los mexicanos para resolver nuestros problemas, fortalecer las instituciones y con ello, agigantar nuestra patria.