El día después… ser demócratas y actuar unidos

 

Pedro Vargas Avalos

 

 

Se concluyó la jornada electoral más grande de la historia de México. Ahora siguen los cuestionamientos postcomiciales y las resoluciones que la autoridad electoral, el INE y el Tribunal Federal Electoral (porque al sistema de índole local a fin de cuentas lo supera aquel), dicten para concluir este período.

            Para los habitantes de la República lo que sigue no es sino continuar nuestras actividades, para salir avante en todos los órdenes, sino proseguir trabajando -como buenos ciudadanos- por el engrandecimiento de nuestra patria. Aquí no se vale profesar tal o cual ideología, sino anteponer el interés primordial de la nación: eso es lo prioritario.

            Entre las misiones que habremos sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena culminación, están los aspectos existentes y que dadas las circunstancias imperantes fueron aplazados, resaltan los que tienen el fin de mejorar nuestro sistema republicano, democrático y de justicia. En ese empeño nunca debemos de cejar.

            Si al respecto damos una visión de vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen señalados aspectos que se deben enmendar.

Sobre lo anterior y en cuanto al legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la cámara de Senadores, donde los miembros de dicha instancia, resienten la presencia impropia de los denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de ser. 

Lo contrario a lo antedicho, es sobre los diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por medio del voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara correspondiente, tanto con representantes populares electos por el principio de mayoría, como complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de las minorías. Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados deben legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones -los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.

Para unos y otros (senadores y diputados) se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es indebido que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido político, y ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con lo cual atropellan la ideología de su partido y, sobre todo, traicionan los afanes de sus votantes.

Por lo que ve al poder ejecutivo, dado que nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas para que ese poder no sea omnímodo, ni le falten apoyos eficientes para cumplir su esencial objeto.

Sobre el poder judicial, no cabe duda de que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración (conforme lo diseñó el Constituyente o de forma electiva popularmente), y prosiguiendo con las que impliquen un sistema de control que evite su sobre ejercicio y precise su control: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene normativas que cuiden esas facetas, y la única que existe es imposible en la práctica, pues siendo el juicio político, este requiere votación calificada de la Cámara baja para proceder, lo cual jamás se logra por las enconadas diferencias con que operan los partidos políticos. Antiguamente hubo organismos cuyo específico encargo era vigilar la conducta de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros, lo cual se tendría que considerar en la actualidad. De igual manera, se debe rectificar lo referente al Consejo de la Judicatura, el cual no debe ser presidido por quien encabece la Corte, (en la Entidades los presidentes del Tribunal Superior) pues esa doble función genera conflictos de interés y promueve múltiples anormalidades en su marcha.

            Los subsidios a los partidos políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias. Nuestra democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.

            El ámbito municipal también debe tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la división de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden constitucional y por tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena que para su ejercicio se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas federal y estatal, pero se exceptúa a la municipal, lo cual permite que los presidentes municipales no solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan lo reglamentario -legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en lo que atañe a los ayuntamientos.

Por lo que ve a la creación de municipios, es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que es un derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas pretensiones de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo cual sucedería al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la República, pues de esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los tribunales para hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de Capilla de Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como municipio, manejos políticos y   legaloides dieron al traste con tal disposición. Pero a lo largo y ancho de México y Jalisco, existen muchísimos poblados que aspiran a ser municipalidades, pero fracasan en su afán por falta de apoyos de líderes poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes.

En fin, un día después de los comicios del 2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando los resultados de las urnas, que es la voluntad del pueblo, y   a la par, sumarnos hombro con hombro, actuar unidos todos los mexicanos para fortalecer las instituciones y con ello, engrandecer nuestra patria.