La
reforma constitucional del poder judicial va en firme a través del plan C, que
le dará la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados
y muy probablemente en la de Senadores. Los objetivos que subyacen son purgar
primero y luego capturar a la Suprema Corte, incluyendo al resto de los órganos
judiciales de este país.
Fresco
está el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación
de Iniciativas de reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024,
refiriéndose a la necesidad de impulsar una iniciativa de elección popular de jueces
señalando que “representen la pluralidad cultural, social e ideológica que
conforman la nación”. Que los “jueces,
magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el
Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán
electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al
pueblo”.
Mediante
el documento “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas
constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República” que
publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, existe uno en
particular, de la autoría de César Astudillo cuyo título es La reforma al Poder
Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de
sus integrantes, a través del cual señala que, si bien los requisitos de
elegibilidad para ministros, magistrados y jueces no cambian en lo sustancial,
hay que mencionar que los perfiles de las personas que busquen ingresar al PJF
van a variar de manera importante, porque dejarán de ser relevantes los
perfiles que tengan conocimientos especializados, que dominen los principios de
interpretación o que demuestren experiencia en el arte de juzgar, y es muy
probable que se vean desplazados por quienes tengan alguna cercanía, o estén
dispuestos a asumir compromisos con los grupos de poder político y los poderes
fácticos que, en definitiva, tienen un interés directo en contar con juzgadores
cercanos.
El
argumento de que hay que elegir a los integrantes del poder judicial porque hay
corrupción, no lo es tanto. La elección por voto popular de servidores no
elimina la corrupción; ejemplos claros hay en diputados, senadores, alcaldes o
gobernadores. Si el simple voto fuera suficiente para eliminar la corrupción,
habría que elegir por voto directo a todos los servidores públicos.
Quedará
en el recuerdo el nombramiento de jueces y magistrados por oposición con base
en sus capacidades. Imperarán los méritos partidistas, la lealtad más que el
conocimiento y diremos adiós a la división de poderes, a su independencia e
imparcialidad. Grave el asunto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario