Contra salarios de hambre, los trabajadores deben llegar al poder político

 

Homero Aguirre Enríquez

El gobierno federal, los empresarios y los que se ostentan como representantes de los obreros mexicanos, acordaron un incremento del 20 por ciento al salario mínimo. Eso significa que, el año entrante, el salario mínimo general será de 248.93 pesos diarios, mientras que en la llamada zona libre de la frontera será de 374.89 pesos diarios, incrementos que serán anulados por la inflación esperada en la canasta básica, que este año superó el 30%.

La Constitución, que es la Ley Máxima de los mexicanos y que cuando les conviene es esgrimida por los admiradores del Estado de Derecho en abstracto, pero eludida cuando se trata de hacer realidad algún postulado que dañe sus intereses materiales, dice textualmente que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden social, material y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”. Eso dice, pero se trata de letra muerta; el salario mínimo actual y el que se acaba de pactar en la cúpula del poder, no alcanza para que viva dignamente una persona y mucho menos es suficiente para mantener una familia.

Basta ponerse en el lugar de quienes reciben un salario mínimo y forman una familia de cuatro elementos. De acuerdo con eso, a cada integrante le tocaría diariamente la miserable cantidad de 62 pesos diarios, con lo que tendría que comer, transportarse, vestirse, pagar la renta, curarse, y proveerse de educación obligatoria, lo cual resulta imposible, pero es la realidad que enfrentan cotidianamente millones de mexicanos, que a muchos lleva a la desesperación, a la migración o a la delincuencia o al suicidio y que no se ha traducido todavía en un estallido social, en parte por el efecto sedante que provocan las remesas enviadas desde Estados Unidos por los trabajadores mexicanos que allá laboran.

Como una ironía grotesca, que ayuda a dimensionar el abismo que separa a los mexicanos más pobres, millones de los cuales ganan uno o dos salarios mínimos diariamente, de quienes concentran la riqueza producida por los trabajadores, en los mismos días que se anunció ese mísero incremento a los salarios mínimos, se supo que la fortuna de Carlos Slim, el empresario mexicano más rico, había superado los 100 mil millones de dólares, que lo ubica entre los ocho empresarios más adinerados del mundo. “Esto quiere decir que el patrimonio de Slim se ha duplicado desde que comenzó el Gobierno de AMLO” (El Economista, 15 de diciembre), pero no es el único magnate al que le ha ido “requetebien” con la 4T.

Al igual que en otras ocasiones, no faltaron las muestras de agradecimiento de AMLO a los “generosos” empresarios: “Agradecer el apoyo del sector obrero y del sector empresarial, sobre todo de este último porque ellos aceptan este incremento, es decir, hubo un acuerdo. El incremento se lleva a cabo por consenso: el sector obrero, el sector empresarial y el sector público”, dijo sin rubor el Presidente, a quien los bajos niveles salariales le proporcionan una inerme clientela política dispuesta a aplaudir las ayudas directas que le entrega a cambio de votos en las elecciones.

Para engañar a la opinión pública, hay quienes dicen que el salario mínimo es sólo un indicador que sirve de unidad de medida para calcular el salario total del obrero, pero que en realidad muy poca gente gana el salario mínimo. Esa afirmación se contradice con las estadísticas oficiales, que hablan de que la mayoría de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada en julio de 2023 por el INEGI, 27 millones 357 mil 330 trabajadores ganan un salario mínimo o menos, lo que representa el 34 por ciento de la Población Económicamente Activa; 19 millones 764 mil 715 trabajadores ganan de 1 hasta 2 salarios mínimos. Si sumamos ambos niveles, tendremos que el 67.4% de los trabajadores no ganan más de 2 salarios mínimos, lo que quiere decir que están en pobreza junto con sus familias.

La historia de todas las negociaciones para establecer un salario mínimo, en ninguna de las cuales ha salido triunfante una posición de los trabajadores para lograr un verdadero incremento que les regrese parte de la riqueza que generan con su trabajo, demuestra que por esa vía nunca cambiará la suerte de los trabajadores.

Algunos voceros a sueldo del gobierno morenista han festinado el incremento al salario mínimo como un gran avance en contra de la pobreza y en la lucha por un México más justo, pero eso es demagogia de la más corriente, un abuso verbal para justificar la gran explotación que padecen los trabajadores, misma que es posible por la falta de claridad, dispersión y manipulación que sufren los trabajadores mexicanos desde hace décadas y que se ha profundizado en este sexenio caracterizado por la satanización y persecución de todo lo que huela a acción colectiva y organizada al margen o en contra del gobierno en turno y sus aliados y patrocinadores en el poder económico.

Los trabajadores seguirán en la pobreza y siendo víctimas de manipuladores profesionales, como los que están actualmente en el gobierno, mientras no surja un poderoso movimiento proletario, que se proponga no una simple negociación temporal que eleve nominalmente el salario, sino la construcción de un partido revolucionario que los lleve realmente a redistribuir la riqueza desde el poder político.