Homero Aguirre Enríquez
Son desoladoras las escenas que nos
muestran la destrucción del Puerto de Acapulco, provocada por el
huracán Otis que golpeó las costas de Guerrero con vientos que
llegaron a superar los 300 kilómetros por hora, sin que hubiera una
alerta oportuna y un operativo eficaz que evitara pérdidas en vidas
humanas y disminuyera los daños sufridos por los numerosos hoteles,
restaurantes, bares, discotecas, lanchas, automóviles, sistemas
eléctricos, hidráulicos, vialidades y muchas otras instalaciones
que permiten la actividad turística y comercial de la que dependen
decenas de miles de familias que ahora están en el desamparo
absoluto y tardarán meses en volver a la normalidad. Dada la
magnitud de los daños, muchas personas no volverán a sus
actividades habituales puesto que sus lugares de trabajo no se podrán
recuperar.
Poco a poco, conforme alguien puede grabar y
transmitir algún testimonio, también empiezan a conocerse los
gravísimos daños sufridos en las colonias populares del propio
Puerto de Acapulco, en los pueblos cercanos y en otros municipios,
como Coyuca de Benitez, donde golpeó fuertemente el huracán Otis.
La desesperación, la angustia y el desamparo de esas personas
resultan aún mayores debido a que la pobreza y marginación que ya
padecían antes del meteoro, se multiplican al instante y las coloca
mucho más cerca del hambre y la sed inmediatas y no tienen donde
guarecerse con sus hijos, una vez que sus frágiles casas volaron
hechas añicos por los aires.
No es que se deba culpar al
Gobierno por un huracán o algún otro desastre natural, pero claro
que sí deben fincársele responsabilidades si este no hace lo
suficiente por disminuir sus efectos dañinos en la población, y si,
una vez que se presenta el desastre, no movilizan velozmente fuerzas
y recursos suficientes para ayudar a la población en desgracia.
Ambas condiciones negativas las cumple sobradamente el gobierno
morenista, más preocupado en la próxima elección que en proteger a
la población de los desastres naturales.
El tremendo
daño al Puerto de Acapulco y otros municipios se pudo disminuir si
las autoridades mexicanas hubieran alertado a la población sobre el
grave peligro que se avecinaba, cosa que no sucedió, y contaran con
un plan eficaz para proteger vidas e infraestructura, algo de lo que
evidentemente carecen. Se sabía que el huracán que se aproximaba a
Acapulco era altamente peligroso. “Las advertencias y avisos de que
el huracán Otis tocaría Acapulco por lo menos con una categoría 4
fueron hechos con más de nueve horas de anticipación y de manera
pública por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que
lo describió como “extremadamente peligroso”, con marejadas
“potencialmente catastróficas” e inundaciones costeras
“potencialmente mortales”. Con esa antelación, el organismo
recomendó “acelerar los preparativos para proteger vidas y
propiedades”. Pero los turistas consultados señalaron que no
recibieron avisos ni alerta alguna de las autoridades mexicanas sobre
el riesgo o las medidas para resguardarse y ponerse a salvo”
(proceso, 27 de octubre de 2023).
Y si evaluamos la
velocidad y la eficacia de la respuesta una vez que se presentaron
las muertes, la destrucción y el desamparo provocados por el
huracán, la calificación es reprobatoria. Más allá de las
bochornosas escenas donde se ve al presidente en un jeep atascado en
un lodazal o llegando horas después con su gabinete en una pequeña
camioneta estaquitas cuyo tripulante les dio un aventón, acciones
que varios opinadores han calificado como teatrales o
premeditadamente destinadas a desviar la atención sobre el fondo del
problema, no se ha visto ninguna operación gigantesca de auxilio
inmediato a la población y mucho menos algún anuncio que indique
que se hará una intervención pública con todos los recursos con
que cuente el Estado (o incluso endeudándose) para recuperar la vida
económica, comercial y productiva de toda la región afectada, como
lo amerita el gigantesco daño sufrido por millones de mexicanos.
Si nos atenemos a lo ocurrido en este mismo sexenio
durante la pandemia, en que la “política social” consistió
esencialmente en mandar a la gente a quedarse en su casa sin ningún
tipo de apoyo, o recordamos lo acontecido en otras zonas afectadas
por desastres naturales, como las inundaciones que cíclicamente
padece Tabasco, en donde todo se redujo a administrar la crisis con
visitas, declaraciones, entrega de despensas y algunos vales para
enseres dañados por el agua, pero nunca se aplicó un plan hídrico
que construya grandes obras para prevenir inundaciones, todo indica
que en Guerrero se volverá a aplicar la fórmula de entregar algunos
apoyos (mientras se sacan la foto a favor de Morena), esperando que
las aristas más escandalosas del problema se olviden o sean
sepultadas en el olvido por una nueva distracción mediática desde
el Gobierno.
Un analista muy competente dimensionó el
problema y calcula que se requiere una cantidad cercana a los 116 mil
millones de pesos (cantidad que ni en sueños existe en las arcas
públicas, programadas para comprar votos y terminar las obras
“emblemáticas” de AMLO), y afirma que la recuperación que
beneficie a millones de guerrerenses no ocurrirá en el corto plazo:
“La reconstrucción de los grandes hoteles, restaurantes de lujo y
segundas residencias de “foráneos” será relativamente rápida y
no implicaría grandes sumas de recursos públicos. Los miles de
millones se necesitarán para atender a la mayoría de una población
que es cercana al millón de personas. Aquí y ahora la mayor
necesidad de la gente es agua, comida y productos básicos. En los
próximos días continuarán las tareas de limpieza y retiro de
escombros. La reconstrucción se llevará meses y costará mucho. ¿De
qué vivirá una población que depende en su mayoría del turismo?
¿cuánto tiempo tardarán en volver los turistas?” (Luis Miguel
González, EL ECONOMISTA, 27 de octubre 2023).
Todo indica que,
al igual que se evadió darle solución estructural, por ejemplo, al
problema de las inundaciones en Tabasco, se evadirá resolver el
grave problema de marginación y abandono en que viven los más
pobres de Guerrero, tanto los trabajadores del turismo de Acapulco,
como los que viven y trabajan en otros municipios y que son las
principales y más numerosas víctimas de los daños provocados por
el huracán. Ellos son los que se quedaron sin trabajo, sin casa, sin
servicios, más pobres y marginados que nunca. Ellos son la elocuente
evidencia de que el lema de “primero los pobres” fue un engaño
que algún día tendrá que cobrársele a Morena.
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