Brasil Acosta Peña
El gobierno federal se ha afanado en concentrar recursos
fiscales y destinarlos a obras inútiles y, por supuesto, a sus
programas electoreros. Los primeros fondos públicos a los que
recurrió fueron los de estabilización, cuyo monto era de más de
300 mil millones de pesos (mdp); luego dispuso de los fideicomisos
destinados a la ciencia y los del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (Fonden), con el que se brindaba apoyo a las víctimas de
sismos, huracanes, inundaciones, etcétera. Decenas de miles de
damnificados de por los fenómenos naturales resienten cada año la
ausencia de este fondo. Después, la administración morenista
recortó el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora
pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble
propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el
financiamiento de los programas electoreros.
El hecho de
que el Gobierno Federal proponga un aumento en el monto de su deuda
para 2024 –es decir, para pedir más préstamos– se debe a que
con dichos recursos quiere cubrir su déficit público y, sobre todo,
financiar sus proyectos de gasto excesivo en los programas sociales,
en particular el de las pensiones para adultos mayores, que se
elevará de cuatro mil 800 a seis mil pesos bimensuales, con el
propósito de movilizar a la gente y que los candidatos de Morena
ganen las elecciones federales y locales del año próximo. Esta
misma intención se nota en la abusiva propuesta del Presidente por
absorber los fideicomisos del Poder Judicial.
En el diario
Milenio se difundió este hecho publicado el pasado seis de
septiembre: “El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados presentó una iniciativa de reforma para extinguir 13
fideicomisos del Poder Judicial por un monto de 20 mil 516 millones
de pesos y reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la
Federación. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación suscrito por el coordinador de la bancada
morenista en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, prohíbe la
creación de nuevos fideicomisos, salvo los que expresamente prevea
la ley[1]”.
Cinco semanas más tarde, en el mismo
periódico, otra nota reporta: “Los jueces y magistrados federales
que forman parte de diversas asociaciones manifestaron su rechazo a
la iniciativa mediante la cual se pretende extinguir diversos
fideicomisos institucionales que, en su mayoría, financian recursos
necesarios para la infraestructura y la administración de la
Justicia Federal, así como diversas prestaciones que reciben miles
de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha
institución[2]… Estos mismos servidores públicos advierten que
“de ser aprobada dicha reforma, se consumaría un grave ataque a la
independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la
ciudadanía”.
También “explicaron que el derecho a
una administración de justicia pronta y especializada se verá
inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad
asumida por el Estado mexicano ante la comunidad internacional.
Asimismo, se atentaría contra los derechos laborales de los
trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la
subsistencia de miles de familias, al afectar prestaciones que
constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales
de trabajo”.
El documento fue firmado por la magistrada
Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la
IAWJ; la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente,
presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C; la
magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación
Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.; la maestra Rosa Elena
Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de
la Judicatura Federal, y por Froylán Muñoz Alvarado, director de la
Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales
(Jufed)”.
Este gobierno opera como el Moloch que el
escritor británico John Milton describe en El paraíso perdido: un
demonio que, conforme es alimentado con niños, más hambre tiene; y
cada vez requiere el sacrificio de más infantes; aunque en su caso,
la voracidad está dirigida a la consecución de recursos económicos
necesarios para financiar las inútiles megaobras y los planes
electorales de Morena. Si los gobiernos del pasado hubieran intentado
hacer esto mismo, los morenistas se hubieran lanzado con furia contra
ellos y hoy no estarían usando argumentos infantiloides para
“justificar” el caos en que han hundido los sistemas nacionales
de salud, seguridad, educación y vialidad, por su manifiesta
incapacidad intelectual, política y administrativa.
Estamos
totalmente de acuerdo con los jueces federales cuando advierten que
el Poder Judicial puede ser perfectible; pero estamos en desacuerdo
con Morena que, para solucionar sus problemas, pretende recortarle
recursos para ahorcarlo financieramente; ya que, con ello,
trabajadores de todos los niveles quedarían en la indefensión. Este
atropello, dictado arbitrariamente desde Palacio Nacional y apoyado
ciegamente por los diputados morenistas, podría perpetrarse en los
próximos días debido a que, para su aprobación, únicamente se
requiere mayoría simple.
Adelantamos a los jueces y
magistrados del Poder Judicial de la Federación que estamos en
contra de esta arbitrariedad impuesta por Morena porque nos parece
que, efectivamente, es un golpe bajo y sucio que no contribuirá al
fortalecimiento de la democracia, sino que favorecería, como hemos
denunciado con reiteración, el proyecto de dictadura que pretende
instalar en nuestro país. Al Presidente de la República no le ha
gustado que el Poder Judicial, en uso legítimo de sus facultades
constitucionales, haya frenado varias de sus iniciativas de cambio
que hubieran violado la Constitución; por ello, desde sus
conferencias de prensa “mañaneras”, se dedica a criticar,
insultar y dictar lo que deben hacer los jueces y magistrados.
La
independencia del Poder Judicial es fundamental para el equilibrio de
Poderes; y para ello es necesario que tenga autosuficiencia
presupuestal y que se garanticen los bienes patrimoniales de los
integrantes de su personal especializado para evitar que sus
decisiones sean compradas. Los aspirantes a jueces y magistrados
federales deben pasar por una serie de rigurosos “filtros” con
los que se evalúan su preparación académica, sus méritos
profesionales y su probidad personal. No llegan a ser jueces por ser
amigos del Presidente o compadres de tal o cual Ministro. Para ser
juez hay que realizar una carrera difícil, con la que se garantiza
que sus decisiones se basen en el respeto a la Constitución y no en
la compra de voluntades.
Defendamos al Poder Judicial,
porque al hacerlo nos defenderemos de una dictadura, de un gobierno
autoritario. Mi voto será en contra de la pretensión del insaciable
Moloch morenista de quitarle recursos a la Suprema Corte de Justicia
de La nación (SCJN).
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