El necesario equilibrio de poderes

Víctor Hugo Prado

La educación es un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Es la inversión más sostenible. La educación de calidad está indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales y del país. El bachillerato, representa la oportunidad para formar ciudadanía que conozca los temas fundamentales para darle continuidad a una vida plena. Entre los muchos aspectos que debe estudiar en ciencias, como la física, la química, las matemáticas, las ciencias naturales, deberá desarrollar su capacidad para comunicarse en español y profundizar sus habilidades para el dominio de otro idioma, pero a la vez, debe contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México.

Quienes cursan el bachillerato tarde o temprano serán los próximos electores y los siguientes elegibles para los cargos de elección popular, previstos por la Constitución. Por ello, deben saber la importancia de que, en las sociedades democráticas, como es todavía la nuestra, prevalezca la división de poderes, como lo establece la Constitución, al señalar que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En el caso específico, del Poder Judicial de la Federación, responsable de impartir justicia, integrado en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. Hoy, este Poder se ve amenazado con dejarlo en la inoperancia. La propuesta de Morena y aliados es asfixiarlo presupuestalmente, vía la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos con que cuenta, que podrían representar un agujero de hasta 25,000 millones de pesos para 2024, lo que representa una reducción superior al 32% del presupuesto de 2023, colocando al PJF en el escenario presupuestal de 2015.

Se perderían ocho años de avances en las capacidades institucionales. Pone en riesgo de desaparición al 63% de los Juzgados de Distrito y 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito. Se pondría en riesgo la atención de más de 3.5 millones de asuntos, que implican la defensa de la dignidad de las personas, de su patrimonio, familia, trabajo y desarrollo. Así como de los límites al ejercicio abusivo del poder público y de las garantías para la vigencia del estado democrático de derecho.

Ahí radica la importancia de que nuestra sociedad está más informada, en la medida que cada vez más individuos en las aulas cultiven una formación sólida en los distintos campos del saber humano, con espíritu crítico reflexivo y con capacidad para actuar en la defensa de sus derechos.