La no libertad de expresión del presidente

 

Víctor Hugo Prado

La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente retirar fragmentos de sus conferencias de prensa de Palacio Nacional al considerar que, en cuatro dadas en julio, el mandatario tuvo expresiones que constituyen violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, quien aspira a la candidatura presidencial por la oposición.

En respuesta las y los gobernadores de Morena y partidos aliados, así como el jefe de gobierno capitalino, expresaron su apoyo al presidente en un desplegado, expresando su apoyo al Presidente, señalando que “esta lucha se libra día con día en las conferencias mañaneras para hacer, en beneficio de la ciudadanía, cada vez más pública nuestra vida pública”. Enfatizando su “total desacuerdo” con la decisión del TEPJF, que a su juicio “restringe de manera arbitraria y sin fundamento la libertad de expresión” del presidente.

El tema es ¿el presidente tiene derecho o no a la libertad de expresión? En mi opinión como todo mexicano tiene derechos, pero como jefe del Estado Mexicano, como autoridad que es, el artículo primero de nuestra Constitución, le establece obligaciones, que van más allá de sus derechos como persona, cito textual el artículo: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En otras palabras, el derecho humano con el que se otorga la libertad de expresión a las personas, es para que ninguna autoridad trate de limitarlo o de despojarlo. Los derechos se crearon para que nadie con poder y autoridad los limite, los restrinja o los transgreda.

La acción del Presidente de denigrar, insultar, ofender, exhibir, lapidar a opositores, a quienes no piensan igual que él, con los que no tiene coincidencia política, hacerlo desde un espacio público, con recursos públicos, frente a medios de comunicación a modo, es un acto de abuso de autoridad. Es más, cuando lo que se intenta desde ese espacio que pagamos los ciudadanos, es descarrilar un proyecto político, en la medida que se ataca a opositores, se exhiben sin pruebas, se inventan delitos o se promueve a los que si son de su partido. La libertad de expresión, con el debido respeto, fue mal interpretada por los gobernadores. Bien les haría tomar una buena clase de derecho constitucional.