Víctor
Hugo Prado
Hoy
México enfrenta uno de los desafíos más imperiosos y significativos de la
actualidad: la inseguridad. La progresiva violencia, el crimen organizado y la
impunidad son problemas que han trastocado la paz, la estabilidad y el
bienestar de nuestra sociedad. Según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha
superado los 156 mil 066 casos de homicidio del sexenio anterior, esto posiciona
el sexenio actual como el más violento de la historia moderna de México.
México
es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas,
lo que genera violencia y corrupción en diferentes niveles de gobierno y socava
los esfuerzos por combatir la inseguridad. Es impensable suponer un crimen
organizado todopoderoso, sin la complacencia e involucramiento, en muchos de
los casos, de funcionarios de gobierno de todos los niveles.
El
crimen organizado, ha ampliado sus tentáculos más allá de la producción,
distribución y comercialización de la droga. Hoy, se ha diversificado en
actividades como el cobro de piso a través de la extorsión, el robo, el
secuestro, huachicoleo, el tráfico ilegal de personas, el lenocinio, por
mencionar algunos. La inseguridad tiene severas repercusiones en las
actividades diarias de los mexicanos. La violencia y la criminalidad limitan la
libertad de transitar, afectan el desarrollo económico, desincentivan la
inversión, resquebrajan la confianza en las instituciones del Estado mexicano,
vulneran el derecho y acrecientan la impunidad convirtiendo al país en uno sin
leyes.
El
horizonte desafiante al que nos enfrentamos obliga a tomar medidas urgentes y
efectivas para abordar la inseguridad en México. Esto requiere un enfoque
integral que aborde las causas profundas del problema entre las que se incluye
la educación, el empleo, la pobreza y la desigualdad social, que, dicho sea de
paso, son de mediano y largo aliento. La otra, dolorosa pero necesaria, el
combate frontal a la delincuencia, dejando de lado la política de abrazos no
balazos. Está claro que pedirles a los papás y los abuelitos de los
delincuentes que los “regañen” por sus actos, no dará resultado. Declararlo
como se ha hecho, habla de la indolencia de un gobierno que sabiendo que gran
parte del territorio está manchado de sangre se da el lujo de proponer medidas
que insulta a sus representados y con mayor fuerza a quienes han sido víctimas
directas o indirectas de la delincuencia.
Es
inevitable que se deben fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad
y mejorar su coordinación a nivel federal, estatal y municipal. Urge un pacto
nacional que aliente en todos los órdenes, programas y políticas que aseguren
la prevención y combate del delito. Hoy,
es el desafío más importante que enfrenta México.
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