Corrupción

 

Víctor Hugo Prado

 

 

De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder para beneficio propio” puede existir a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. La corrupción es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los Estados en la actualidad. Debido a esto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la ONU “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” establece como una de sus metas “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.

De acuerdo con información del sitio del Sistema Nacional Anticorrupción, “la corrupción en México implica pérdidas económicas equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2017, otras fuentes recientes sostienen el dato. Lo que implica que por cada $100 pesos que la economía mexicana genera como riqueza, $10 pesos son destinados a la corrupción”.

La cara más cruda de la corrupción se muestra cuando se analizan los costos en el ámbito social, los cuales se manifiestan en el malestar generalizado por parte de la sociedad ante las altas cifras de corrupción en México. Lo más grave es cuando los recursos no llegan a donde deberían llegar, limitando el acceso de los mexicanos a infraestructura y servicios dignos y decorosos, en salud, educación, seguridad, vías de comunicación, transporte, servicios de todo tipo, entre ellos los elementales como agua, luz, drenaje. Además, que la corrupción provoca brechas de desigualdad en la justicia generando altos índices de impunidad, violencia e inseguridad.

La corrupción, por si fuera poco, tiene efectos adversos en la gobernabilidad de las sociedades, generando insatisfacción con la democracia a nivel nacional, pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones políticas del gobierno, en los partidos políticos, en los legisladores, en las instituciones del sistema judicial en México, en la administración pública del gobierno y desconfianza en los servidores públicos.

 De acuerdo con el INEGI y su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, “la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal reportado por los propios ciudadanos  es de 14,701 por cada 100 mil habitantes,  hoy es 21% superior que hace 10 años”. Así la corrupción haciendo estragos.

Los esfuerzos para combatir la corrupción deben ser concertados y consensuados. En ello, deben participar las instituciones del Estado, de los Poderes de la Unión, de los sectores empresariales y laborales, la educación sigue siendo un recurso imprescindible para crear cultura anticorrupción, y de nuestro lado, la indispensable participación de una sociedad civil unida, dispuesta a no tolerar, a denunciar y rechazarla en todas sus formas.