Medio plan B está muerto

  

Víctor Hugo Prado

 

 

La Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, leyes secundarias en materia electoral aprobadas en diciembre de 2022, modificadas por el Congreso con mayoría del partido en el poder; que, entre otras cosas, la primera, permitía a los gobiernos dar a conocer logros durante el proceso electoral, generando desigualdad en la contienda. Y la segunda, que dejaba sin efecto de responsabilidad administrativa a quienes en el gobierno y desde su cargo hicieran actividades proselitistas, propiciando, también, una contienda inequitativa; ya no serán más parte de las reglas electorales, pues ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró invalidas con el voto de nueve ministros de 11 que la componen.

Las razones de declararlas invalidas por la SCJN, no fueron en el fondo que provocaban la desigualdad en la contienda, sin piso parejo entre las fuerzas que se disputarían los cargos de elección popular. No, las razones fueron las violaciones graves al proceso legislativo. No cumplir con los procedimientos de discutirlas ampliamente por todas las fuerzas políticas que componen las Cámaras de Diputados y de Senadores, que, a su vez, representan al más amplio espectro social.

La Corte dio gran lección de división de poderes, en el que se sustentan las democracias modernas, imperó la razón, la argumentación, el apego a la legalidad. Dejó fuera a decisiones marcadas por la ilegalidad y la arbitrariedad, que al final de cuenta, esa es la razón del Poder Judicial: aplicar la ley en toda la extensión del texto jurídico, en este caso del constitucional.

Ahora lo que tenemos que hacer quienes creemos en la división de poderes, en la legalidad, en la democracia como la mejor forma de la convivencia social, en un país con grandes carencias de cultura jurídica, es respaldar las decisiones de un poder judicial al que se hostiga desde la cúpula del poder, por decidir como lo hicieron, con argumento y técnica jurídica.

Blindar a un poder judicial, al que se amenaza, se insulta, se descalifica un día sí y otro también. Y si desde lo más alto del poder, al ver derrotado, al menos hasta hoy, una parte del plan B para jugar con sus reglas en la próxima contienda electoral, han declarado que el plan C será ganar las elecciones para obtener las dos terceras partes de los congresistas que les posibilite realizar reformas constitucionales; entonces, los mexicanos que creemos en la democracia y en un país de leyes como herencia para las sociedades venideras, deberá ser que desde el Congreso no tengan la mayoría a la que aspiran. Sería muy peligroso, tanto como dar cerillos a un pirómano en la casa de paja.