Víctor Hugo Prado
El
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), es el organismo constitucional autónomo que garantiza el
cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información
pública y el de protección de datos personales.
Mediante
el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos; o cualquier persona
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos te entregue la información
pública que solicites. Y en el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos
personales, el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
Actualmente
están pendientes de nombrar a tres de siete comisionados que componen el pleno
para sesionar y resolver quejas para ordenar la apertura de información o para
hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales. Había consenso
para nombrar al menos uno y otorgarle funcionalidad, pero no lo hicieron,
echaron reversa, votaron en contra en la sesión del 27 de abril, dejando a un
órgano constitucional sin brazos y sin piernas, inmóvil, en el fondo para que
no pida cuentas. No lo borraron, porque para desaparecerlo se necesita
modificar la Constitución, y para ello, requieren de la mayoría de dos terceras
partes de las y los senadores y no cuentan con ella.
“No titubeen. Se trata de defender los bienes
del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y
que esa función se la encarguen a la Auditoria Superior de la Federación y que
se ahorren mil millones de pesos…”, fue la orden dada por el Presidente a los
Senadores de Morena para desaparecer al INAI.
El
tamaño de la orden define de manera transparente al actual régimen. Retrata de
cuerpo completo que lo de ellos es la opacidad, nada de defender los bienes del
pueblo. Se trata de no rendir cuentas y por tanto quedar fuera del escrutinio
público.
Dejarlo
en la inoperancia es retroceder en materia de derechos humanos, es dar pasos
hacia atrás en el proceso democratizador del país, es perder la oportunidad de
tener datos distintos a los que se siembran todos los días en las mañaneras de
manera facciosa, es borrar de tajo una lucha que proviene de finales del siglo
pasado y que en el año 2000 se viera cristalizada en la primera Ley Federal de
Transparencia en México. La única arma válida para defender al INAI y a otras instituciones
relevantes para el país será el voto y ese debe ejercerse en 2024.
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