>Tendría
impacto en usuarios, prestadores de servicio y plataformas
>México se posicionaría como pionero, al legislar desde una perspectiva comercial y no laboral
El Volcán/Congreso
En
rueda de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, las Diputadas del
Grupo Parlamentario del PRI, Laura Haro Ramírez, Cristina Ruiz, Fuensanta Guerrero y Blanca
Alcalá, presentaron una iniciativa en materia de plataformas digitales
enfocadas al transporte de pasajeros y reparto de alimentos y bebidas.
Sobre
el uso de estas aplicaciones, destacaron que al menos el 30% de la población
utiliza, hasta tres veces por semana el servicio de transporte privado, y que
en la actualidad, cerca de 35 millones de personas utilizan diariamente el
servicio de plataformas de reparto en México, lo que representa un aumento del
134% en comparación con el año 2017.
Ante
este universo de personas, las diputadas insistieron en la necesidad de crear
un marco normativo que dé certeza y beneficios al triángulo comprendido por
usuarios, prestadores de servicio y plataformas, ya que desde el 2012, año en
que dichos servicios digitales proliferaron en México, se registra un aumento
del 150% en la cantidad de usuarios, y se estima, además que cerca de 1.7
millones de personas generan ingresos por este medio.
La
iniciativa de las diputadas contempla una reforma al Código Comercial y no a la
Ley Federal del Trabajo como se ha propuesto anteriormente, ya que entre las
partes involucradas –usuarios, prestadores de servicio y plataformas– existe
una relación comercial que no puede ser considerada como una relación laboral.
A decir de las diputadas, el fortalecimiento del marco normativo traería como
consecuencia una serie de impactos positivos como:
●
Seguridad social para prestadores de servicio, bajo un esquema híbrido,
voluntario y que flexibilice y amplíe el acceso a este derecho
●
Cobros y tarifas claras, así como fechas de pago a prestadores de servicio.
●
Mecanismos de seguridad para choferes/repartidores y usuarios.
●
Validación en línea de datos de identidad y antecedentes penales de prestadores
de servicios y usuarios.
●
Protección de los datos personales de los prestadores de servicios y usuarios.
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