Los trabajadores agrícolas del sur de Jalisco

 Guadalupe Valle Chávez

La bonanza de las plantaciones de aguacate, de berries y de agave, en el sur de Jalisco, ha convertido a las poblaciones de esos municipios en trabajadores agrícolas, las han despojado de sus tierras, que han vendido o rentado a particulares y grandes empresas de capital extranjero, sufriendo las consecuencias de la tala indiscriminada de sus bosques y la falta de agua.

Grandes empresas agropecuarias se han posesionado de las tierras, del agua y de los recursos, reduciendo a los pobladores, a jornaleros agrícolas que perciben salarios mínimos, con largas jornadas de trabajo y sin prestaciones, La propia titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, así lo reconoce y afirma que los trabajadores de ese sector no tienen seguro social, ni prestaciones porque son en su mayoría trabajadores informales y subcontratados.  

“La industria del aguacate subcontrata a los que cosechan el fruto, que son o forman parte del objeto social de la actividad económica preponderante de las empresas dueñas del árbol de aguacate”, manifestó la funcionaria.

Municipios del sur de Jalisco, como Zapotlán el Grande, San Gabriel y Gómez Farías, entre otros, ocupan ya el segundo lugar nacional en producción de aguacate de exportación. Estados Unidos (EE. UU.) es el principal importador de aguacates mexicanos, con 1.1 millones de toneladas en 2021, según datos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).

Paralelo al desarrollo de estas empresas, la población sufre las consecuencias por la falta de agua, la deforestación, el cambio climático, la falta de producción de alimentos básicos como el maíz, pero sobre todo, las pésimas condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, como ya lo apuntó la SecretarÍa del Trabajo son trabajadores informales sin ninguna prestación y con salarios mínimos, son trabajadores migrantes muchos de ellos, provenientes de los estados del sur del país.

Los campesinos pobres, convertidos en jornaleros agrícolas, se enfrentan, por un lado, a la pérdida de sus tierras y a su reducción a simples trabajadores agrícolas y, por otro lado, son testigos y víctimas del daño al medio ambiente de poblaciones enteras, miles de hectáreas han sido arrasadas con la tala clandestina, los incendios forestales y su conversión en plantíos de aguacate, que además absorben una gran cantidad de agua, de la que muchas poblaciones carecen por completo.

Calamidad tras calamidad, todo en provecho sólo de unos cuantos poderosos, usurpadores de las tierras, del agua, bosques y recursos naturales y humanos.

La situación empeora con la inflación más alta de los últimos tiempos, del 7.82% con la que cerró el año 2022, que se traduce en un incremento vertiginoso de la pobreza en nuestro país. Para el cierre del año 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó que los pobres en México serán 58.1 millones.

Por si esto fuera poco, se cierne sobre estas poblaciones el flagelo de la inseguridad, la drogadicción, el narcotráfico, el crimen organizado y en consecuencia el incremento de los asesinatos. La calamidad acecha a poblaciones enteras.

El gobierno de la Cuarta Transformación no promueve medidas que conlleven al combate de esto males, no hay planes para acabar con el crimen organizado; respecto a la tala indiscriminada de los bosques y la falta de agua a las poblaciones no se instrumentan políticas adecuadas para evitar el ecocidio de los pueblos, la inflación azota al pueblo trabajador y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene un plan económico que disminuya los efectos adversos de la inflación, ni siquiera un plan alimentario para la población más vulnerable.

Los jornaleros agrícolas del sur de Jalisco y de todo el país no pueden esperar la buena voluntad de los empresarios ni del gobierno; para recibir mejores condiciones de trabajo deben agruparse en torno a un sindicato honesto que dé la lucha por mejores condiciones de trabajo, aumento salarial y mejores prestaciones.

En general, el pueblo trabajador debe organizarse en torno a un proyecto político que pugne por un cambio de modelo económico, que no dañe el medio ambiente ni los ecosistemas de los pueblos y que ponga fin a la concentración excesiva de la riqueza en unas cuantas manos y busque una redistribución más justa de la riqueza generada por la clase trabajadora.