Pedro Vargas Avalos
La
inseguridad en nuestra República sigue galopante, agobia a la sociedad y de
plano, ninguna autoridad, ya sea a nivel federal, como estatal o municipal, la
pueden abatir. Sin embargo, el tema se prestó para en días pasados desatar una
especie de toma y daca entre el Secretario de Gobernación, varios gobernadores,
e incluso algunos actores políticos.
Todo comenzó con motivo de la
aprobación de la reforma constitucional para que las fuerzas armadas coadyuven,
con la Guardia Nacional y policías locales, para brindar seguridad pública a la
población. Logrado el visto bueno de las mayorías calificadas, tanto en la
Cámara de Diputados como en el Senado, el asunto pasó a las legislaturas
estatales, de las cuales al menos la mitad más una, de las 32 que funcionan en
el país, deben suscribir favorablemente la reforma. De suceder así, quedará
firme que el ejército y la armada participen en actividades de seguridad
pública hasta el año de 2028, y no hasta el de 2024 como se previene hasta
ahora.
Como ya sabemos, ese asunto se gestó
por una iniciativa que el PRI presentó, por medio de una diputada, propuesta
que Morena con sus aliados apoyaron en la Cámara baja. Luego, ya en el Senado,
para lograr que pasara, se le agregaron apéndices, para enseguida regresarse a
la Cámara de origen, donde se ratificó por los diputados; ahora está en su
parte final para que sea declarada como parte de la Constitución.
El primer Estado que sancionó esa
reforma, fue Oaxaca, cuyo gobernante es tricolor, pero la mayoría de la Cámara
de Diputados, morenista. De allí que, previendo que algunas Entidades no aprobaran
la reforma, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se
dedicó a “cabildear” los Congresos locales, con el fin de asegurar votaciones
favorables. El tema no es tan grave porque el partido del gobierno federal y
sus aliados, incluyendo en este caso al PRI, no tienen dificultad en lograr al
menos que 20 o hasta 25 asambleas estatales ratifiquen la reforma. Quizás solo
las panistas y las dos Cámaras locales dominadas por Movimiento Ciudadano
(Jalisco y Nuevo León) se podrían oponer.
El tabasqueño Adán López, ya ha
visitado varias Entidades, y la semana pasada declaró que era incongruente
(hipócrita, dijo) que las autoridades estatales pidieran el apoyo de las
fuerzas armadas para mantener la seguridad pública, y por el contrario no
apoyaran la aprobación de la reforma constitucional. En Ciudad Victoria,
expresó que los de Nuevo León y Jalisco, se enojaron por “los señalamientos que
ha hecho de que en sus estados se registra una alta incidencia delictiva y de
que sus pocos elementos estatales sólo prestan servicio de seguridad en tiendas
de conveniencia”. (Reforma, 19-oct.2022). Luego, el lunes 17 en la ciudad
capital de la nación, enfatizó que cuando se habla de "baños de
sangre" en el país, “piensa en la violencia que se registra en varias
entidades gobernadas por partidos de oposición”. (Íd., íd.).
Ante esas afirmaciones, el norteño
Samuel García afirmó que sus agentes policíacos, trabajan muy eficientemente y son
los mejores de México: través de su cuenta de Twitter, el mandatario mencionó
que actualmente la Fuerza Civil neoleonesa es una policía de élite, “la mejor
preparada de México, la mejor armada y la que tiene mejores prestaciones, que
está combatiendo el crimen organizado de frente y sin miedo”. (El Universal,
18-10-022).
En Guadalajara, Enrique Alfaro, quisquilloso como
se caracteriza, ripostó al funcionario federal que el territorio que gobierna,
está por debajo de la media nacional: “Antes de nosotros —Jalisco—, hay 10
estados gobernados por Morena que tienen una mayor incidencia de tasa
delictiva”, aseguró el mandatario jalisciense en un video difundido en las redes
sociales. (El Economista, 18-Oct-2022). A la postre, precisó: "No pienso
contestarle al secretario con ofensas y con mentiras, porque seguir hablando de
un tema tan delicado como es el de la seguridad en esos términos me parece que
es un grave error y una terrible irresponsabilidad".
Recordemos que el señor Adán
Augusto, es uno de los personajes morenistas que el presidente de la republica
mencionó como serio precandidato presidencial. En consecuencia, los
observadores y comentaristas del tema, manifiestan que dicho Secretario de
Gobernación, aprovecha el momento y las circunstancias para llevar agua a su
molino, es decir, para fortalecer su posición de aspirante a suceder al actual
mandatario nacional.
Muchos actores de la vida pública
mexicana han terciado sobre este espinoso asunto, siendo uno de ellos el
senador Dante Delgado, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano,
(partido del cual se especula que es el dueño) acusó -el mismo martes 18- al
multicitado Adán Augusto López, de tolerar que el crimen organizado controle
distintas entidades gobernadas por Morena y lo criticó por ser el “vocero de la
Sedena “. Delgado señaló que, pese a que el Secretario de Gobernación debe ser
el encargado de la política interior, “sólo se ha dedicado a ser vocero de la
Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual demuestra la ineficacia del gobierno
federal ante los temas de seguridad pública”. (Latin Us, plataforma digital que
dirige Carlos Loret de Mola: 18-oct-022).
Sobre la seguridad en la república,
el presidente manifestó en una mañanera reciente: “Nos dejaron un país con
mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción”. Luego estipuló que
en varios renglones se ha avanzado: “hemos mantenido los niveles que existían
anteriormente o se revirtió la tendencia”, poniendo como ejemplo los
homicidios.
Lamentablemente, la cruda realidad
nos dice que la inseguridad no se ha controlado, que sigue creciendo y no hay
lugar del país, donde no se viva con la angustia de la malignidad. En
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Colima, etc., etc., el pan diario son
las noticias de agresiones, crímenes y transgresiones de todo tipo. Mientras
que eso sucede, los políticos en una especie de toma y daca. Esta expresión
coloquial nos indica que cuando una persona critica a otra, ésta le contesta en
similares términos. Y eso es lo que presenciamos en estos días, cuando se toca
la cuestión de la seguridad pública. Al margen de ello, la inseguridad, las
fechorías, a cada momento aparecen y dejan hogares con luto, o comunidades
atemorizadas.
Ojalá que la reforma constitucional
que hemos comentado, realmente sirva para que en algunos años (antes del 2029)
funcionen cabalmente los organismos policíacos, tanto a nivel estatal como
municipal, además de la Guardia Nacional que es federal. Esa es la esperanza de
la inmensa mayoría de los mexicanos, y la promesa de todas nuestras
autoridades, por ello, confiamos se logre dominar a la inseguridad, y volvamos
a vivir con orden y tranquilidad. Así lo esperamos pues como dice el refrán, “la esperanza muere al
último”.
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