Milton
Iván Peralta
El Volcán/Congreso
“En
Jalisco, hay más de un millón de personas que viven con hambre. Esa es la cara
más dolorosa de la pobreza. Aun así, hay gobiernos insensibles que eliminan
programas que estaban ayudando a combatir este mal. Por eso, hoy presenté una
iniciativa para proteger en nuestra Constitución el derecho de todas las
personas a contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad,
responsabilizando al Estado de garantizarlo y poniendo un plazo de 180 días,
para crear una ley que coordine y ponga reglas claras para que cada quien
cumpla su parte”, dijo el diputado local, Hugo Contreras Zepeda.
Lo
anterior, para que en la Constitución de Jalisco se contemple el
derecho a una alimentación nutritiva, el coordinador de la bancada del
PRI en el Congreso estatal, Hugo Contreras Zepeda, presentó una iniciativa de
reforma en la que plantea armonizar la legislación local con lo que ya
establece la Constitución Mexicana.
“Hay
acciones encaminadas a esto, pero no están debidamente coordinadas, no hay una
ley. Una vez que logremos la reforma constitucional se deberá hacer la ley
secundaria que establezca los cómo y qué dependencias se deben coordinar para
tener eficacia en el programa. Ya existen presupuestos y programas en
diferentes dependencias, lo que no existe es la coordinación y la
transversalidad que debe estar plasmada en una ley para que esto llegue a todas
las partes del Estado”, dijo.
El
diputado planteó que con la legislación coordinen esfuerzos
dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, además de
sumar iniciativas como el Banco de Alimentos.
El
priista refirió que según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país más de 28 millones no
tienen acceso a una alimentación nutritiva y suficiente. En lo que respecta a
Jalisco, en 2020 se registraron un millón 242 mil personas con
carencias de alimentación.
Contreras
Zepeda cuestionó la cancelación de programas como los comedores
comunitarios, las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles,
que argumentó contribuían a atender este problema.
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