Aquiles Córdova Morán
El
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2023 entregado por la
Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, propone un
gasto total de 8.3 billones de pesos, mayor en 11.6% al de 2022. Según
Bloomberg Línea del 9 de septiembre, el 51% de este gran total irá a solo
cuatro rubros: el costo financiero de la deuda pública, las pensiones y
jubilaciones, las participaciones a los estados (gasto programable) y los
programas prioritarios del presidente (gasto no programable), incluidas desde
luego las obras emblemáticas de su Gobierno (Refinería de Dos Bocas, Tren Maya
y Aeropuerto Felipe Ángeles, AIFA).
Al
servicio de la deuda se destina un billón 079 millones de pesos (todas las
cantidades están dadas en términos reales), 29.9% más que lo destinado en este
2022. El medio citado aclara que el
incremento sustancial en el servicio de la deuda no se debe a un mayor
endeudamiento sino al alza acelerada de las tasas de interés de los principales
Bancos Centrales del mundo con objeto de contener la inflación. A las pensiones
y jubilaciones se destina 1 billón 333 mil millones de pesos, 8.4% más que en
este año; las participaciones de los estados ascienden a 2 billones 432 mil
millones de pesos, 9.9% más que en 2022 y, finalmente, los programas
prioritarios consumirán 600 mil 321 millones de pesos, prácticamente 100% más
que los 331 mil 977 millones de pesos de este año.
Como se
ve, los programas prioritarios del presidente (16 en total) constituyen el
rubro menor entre los cuatro grandes que se mencionaron, pero, a cambio de eso,
registran el incremento mayor. También se ve fácilmente que, descontado estos
cuatro rubros, queda solo el 49% del total para atender otras necesidades
básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como la
inversión en infraestructura productiva (caminos, carreteras, autopistas,
puentes, puertos y aeropuertos, así como el mantenimiento de la infraestructura
ya existente), electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y
seguridad pública, entre las más destacables. ¿Cómo se explica este explosivo
crecimiento del presupuesto para los programas prioritarios del presidente?
Aunque
el incremento del presupuesto es notablemente grande, si se mira con cuidado la
distribución que propone Hacienda, resulta que el traje confeccionado por
Hacienda le queda muy ajustado al país, tanto que bastará con que alguno de los
supuestos económicos en que se sustenta no se cumpla, para que sus costuras
revienten y haya necesidad de instrumentar recortes al gasto que, seguramente,
irán en contra del bienestar de los estratos de menores ingresos.
Según
el conocido economista Enrique Quintana, director del diario EL FINANCIERO,
estos son los supuestos del paquete económico que, a su juicio, resultan “muy
optimistas”: 1) El crecimiento de la economía, que estima en 2.4% al cierre de
este año y del 3% para 2023, mientras que la opinión de los expertos consultada
por Citibanamex, espera el 1.9% para el cierre de 2022 y 1.4% para 2023. 2) El
índice inflacionario. Estima que este año cerrará en 7.7%, y en 2023 en 3.2%;
en contraste, los expertos esperan 8.2% para el cierre de este año y 4.5% para
el año próximo. 3) El tipo de cambio. Supone que el año que viene cerrará en
20.60 pesos por dólar, mientras que los expertos predicen 21.50 pesos. 4) Tasas
de interés. Calcula que en 2023 serán del 8.5%, cuando los especialistas
pronostican un 9.38%. 5) Crecimiento de los Ingresos del Gobierno. Estima que
estos ingresos crecerán 7.4%, y que los ingresos tributarios en particular
crecerán un 9.9%. Este porcentaje se calcula suponiendo que el año que entra ya
no hará falta subsidiar las gasolinas, lo que liberará 361 mil millones de
pesos. 6) El nuevo PEF calcula como gasto programable, o sea, lo que el
gobierno puede asignar “libremente”, 5.9 billones de pesos, es decir, apenas un
modesto 0.6% más que en 2022. En cambio, el incremento del gasto no programable
sería de 10.5%. Hasta aquí lo que he copiado, casi literalmente, de don Enrique
Quintana.
Es
posible ver en estos datos que el gasto programable, en el cual quedan
incluidos tanto la inversión en infraestructura productiva como los servicios
fundamentales para el bienestar de la población, apenas alcanzó un modestísimo
incremento del 0.6% en el PEF-2023, lo que obliga a pensar que no habrá una
mejora sustancial en tales rubros en 2023. En el mejor de los casos, todo
seguirá igual que hoy; en el peor, el deterioro será mayor. Debemos hacer notar
que es aquí, en el gasto programable, donde entran también los programas
prioritarios del presidente que, como vimos, tuvieron un incremento de casi el
100%, mucho mayor que el recibido por los otros tres grandes gastos que
mencionamos al principio, que son rubros que forman parte del gasto no
programable, es decir, gastos que el Gobierno tiene que realizar por fuerza.
Poco
más arriba preguntábamos cómo se explica la notoria preferencia del PEF-2023
hacia los programas prioritarios del presidente. Para muchos, la explicación
radica, al menos en parte, en que los programas sociales del presidente no se
proponen acabar con la pobreza y la desigualdad, como él repite
incansablemente, sino que buscan comprar conciencias y votos de los más
necesitados para asegurar la permanencia de Morena en el poder. Así lo sugieren
fuertemente el reparto selectivo de las tarjetas del bienestar y la abierta
filiación partidista de quienes operan los programas, y así lo demuestran
irrefutablemente la manipulación y las amenazas de quitar el beneficio a
quienes se nieguen a acudir a las urnas y sufragar a favor de candidatos y
propuestas de Morena. El año entrante es año electoral, y es eso lo que refleja
y explica el desmesurado incremento del presupuesto destinado a esos programas
electoreros.
Por
otro lado, hablando de las fricciones del actual secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O, con el presidente López Obrador, el columnista de EL
UNIVERSAL, Mario Maldonado, escribió: “Más recientemente, Ramírez de la O
volvió a tener fricciones. A la titular de la Secretaría de Energía, Rocío
Nahle, se le fue al cielo el costo de la refinería de Dos Bocas, calculó que
costaría 7 mil millones de dólares y va en 20 mil millones, en medio de la
opacidad y presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a la familia
y allegados de Nahle. Lo mismo pasa con el presupuesto del Tren Maya, el cual
se ha disparado 70% y se prevé que siga aumentando; se fue de los 11.8 mil
millones de dólares a los 20 mil millones” (EL UNIVERSAL, 5 de septiembre). Esta
es la otra parte de la explicación del exagerado incremento del presupuesto
para los programas prioritarios del presidente, mientras se descobijan las
necesidades de la población más vulnerable.
El
mayor peligro del PEF-2023, sin embargo, es lo endeble de los supuestos en que
se funda. Por ejemplo, la muy conocida y autorizada economista Viri Ríos dice
al respecto: “Ramírez estima que habrá ingresos 8.2% más grandes que en 2022,
algo que parece sacado de un libro de ciencia ficción. La sobreestimación de
los ingresos no es nueva, pero con Ramírez ha alcanzado nuevos vuelos”. Según
la misma economista, el crecimiento del 3% de la economía que estima el
secretario de Hacienda, es más del doble de lo que estiman los expertos
consultados por Banxico (1.3%) y por el IMEF (1.4%). Respaldada con datos de 20
años atrás, asegura que ningún secretario de Hacienda se había atrevido a
sobreestimar tanto el crecimiento económico, y que “Lo mismo pasa con la
inflación, (…) Ramírez nos dice que en 2023 la inflación será del 3.2%, es
decir, 30% menos de lo que estima Banxico (4.6) e IMEF (4.7)”.
¿Y cuál
es el problema de esto? Según la misma Viri Ríos, “Por cada medio punto de
crecimiento sobreestimado por Ramírez desaparecerán 23 mil millones de pesos
del presupuesto de 2023. Esto significa que, el mal tino de las estimaciones
serán equivalentes a recortes por 78 mil millones de pesos…” lo que equivale a
quitarle al Poder Judicial el 97% de todo su presupuesto actual. Para Viri
Ríos, no se trata de errores ingenuos sino de una estrategia intencional para
hacer creer a López Obrador que tendrá más recursos para calmar a gobernadores
y para negociar con las fracciones parlamentarias del Congreso; “Pero sobre
todo, esta estrategia permitirá que López Obrador decida dónde y cómo recortar
presupuesto cuando la realidad presupuestaria toque a la puerta”, (MILENIO, 12
de septiembre).
En el mismo sentido opina otro destacado
economista, Macario Schettino, quien afirma que el verdadero objetivo de la
sobreestimación del crecimiento económico es ocultar la crisis fiscal que se
avecina. Con un crecimiento del 3%, la recaudación tributaria calculada y el
déficit esperable para el próximo año resulta ser del 3.6% del PIB, algo así
como 1,2 billones de pesos, poco mayor al límite normalmente aceptado pero nada
excepcional. En cambio, si hacemos caso a los expertos consultados por Banxico,
que calculan un crecimiento del 1.5%, y ajustamos la recaudación a este
crecimiento, entonces el déficit fiscal se dispara a casi 5% del PIB “que sí es
algo muy difícil de aceptar” (EL FINANCIERO, 12 de septiembre).
A Peña Nieto le ocurrió algo semejante, dice
Schettino: veía venir una crisis fiscal y decidió reducir gastos y dar el
famoso “gasolinazo” para incrementar ingresos, a pesar del costo político; pero
“…López Obrador toma el camino opuesto. En lugar de moderar gastos e
incrementar ingresos (…) elige incrementar los gastos aunque los ingresos no
den. Es más, optan por inventar cifras para fingir que tendrán los ingresos.
Cualquiera que tenga un poco de práctica con los datos económicos puede
comprobar que ese paquete presupuestal es un engaño”. Renglones abajo Schettino
concluye: “Lo que comentamos en esta columna desde hace algún tiempo ha
llegado. La crisis fiscal nos espera, y aunque no puedo estimar el momento del
estallido, cada día me parece más probable que ocurra antes de las elecciones
del 24. Pero habrá colegas con otra opinión que vale la pena escuchar”.
Es muy plausible la actitud precavida y
responsable de Schettino, pero no deja de ser un elocuente grito de alerta para
quien quiera escucharlo. Por mi parte, lo más grave que veo es la distribución
del gasto no programable por la enorme tajada del presupuesto que se llevan los
programas sociales y las obras emblemáticas del presidente, cada vez más caras
y más alejadas del presupuesto con que fueron aprobadas. Este enorme
despilfarro de recursos deja el crecimiento de la infraestructura productiva
del país y la calidad de los servicios básicos para la población colgados de
los endebles supuestos económicos del PEF-2023 cuyo cumplimiento cabal es
racionalmente imposible, como acabamos de ver. Todos los economistas
reconocidos que he podido consultar, coinciden en que basta que uno ellos falle
para desequilibrar el gasto. En tal caso, habrá recortes a la inversión
pública, recortes que, con toda seguridad, no serán al gasto programable ni a
las prioridades del presidente, sino a las necesidades básicas de la gente.
Será entonces cuando conozcamos, como dice Enrique Quintana, la verdadera
pobreza franciscana de que ha venido hablando López Obrador en las últimas
semanas.
¡Sí! Digo yo. Pero esa pobreza franciscana no
la sufriremos todos por igual, sino solo las víctimas de siempre: los
trabajadores y el pueblo pobre, que no se salvará ni siquiera aferrado a la
tablita de salvación de las tarjetas del bienestar que les reparte AMLO para
apaciguarlos y comprar su voto. Eso es lo que nos promete el PEF-2023.
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