Ochoa años. Verdades a medias y medias verdades

 

Víctor Hugo Prado

 

 

Se cumplieron 8 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. De ellos, tres han sido identificados muertos, de los cuarenta restantes su paradero todavía se debate entre la verdad histórica y la post histórica que sostienen tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes como el de la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Ya ocho largos años entre dimes y diretes, entre brincos y zangoloteos estando el piso parejo no se ha podido “descubrir” lo que todo mundo sabe, fueron asesinados por un grupo delincuencial cuyos integrantes son y están reconocidos, en esas atrocidades se tuvo la participación de policías municipales, estatales y miembros del ejército. El debate y la confusión está hoy entre perseguir a servidores y exservidores públicos o a los verdaderos homicidas. Las guerras internas entre la fiscalía y comisiones creadas exprofeso para atender el reclamo de justicia, entre los militares y el propio gobierno han llevado el caso al límite de un entuerto exacerbado contra los deudos de los desaparecidos.

En tanto que entre detenciones de militares y obstaculización de otras,  el decreto de cárcel al exprocurador general  Murillo Karam, acusado de delincuencia organizada y por inventar una verdad a base de torturas y manipulación de evidencias –que por cierto- no está tirada al piso, entre señalamientos de crímenes de Estado que no responden a la lógica ni a la razón legal de un crimen de esta naturaleza, entre filtraciones, manotazos en contra de jueces y ministerios públicos, entre todo el lodo que intenta aplastar la verdad. Lo cierto es que hay 40 desaparecidos y de los que sus familias siguen reclamando la verdad y la justicia, con ello el verdadero castigo de los responsables.

Lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa es una muestra de la presencia de grupos de la delincuencia organizada por todo el territorio nacional, así lo revelan los miles de asesinatos y desapariciones que se han acumulado en los tres últimos sexenios. Los líderes y capos han logrado anclarse en importante ciudades y comunidades con plena identificación social, enquistados en el poder político, no como los actores principales, pero si como los mandamases que dan visto bueno y financian a candidatos a presidentes municipales, diputados, senadores y hasta gobernadores.

Mientras eso sucede a diario, las perversidades de la investigación siguen atentando contra el reclamo de justicia que exigen los familiares de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, caso enredado entre los dimes y diretes de los responsables de esclarecer el caso. Ocho años de verdades a medias y medias verdades.