Víctor
Hugo Prado
La
decisión de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo (ETC)
anunciado en el mes de marzo de este año, había dejado a 3.6 millones de estudiantes
de 3 a 15 años sin horas adicionales de clase y alimentación, concentrados en
su mayoría en zonas de alta marginación social, afectando a madres, padres y
sobre todo a estudiantes en la construcción de un futuro que garantizara el
desarrollo pleno.
Las
ETC venían funcionando desde 2007 y sus logros contaron con el reconocimiento de
organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
el Banco Mundial, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), a las que le atribuyeron importantes logros: un
mayor nivel de aprendizajes y cierre de brechas de desigualdad. Su impacto
sobre los aprendizajes en escuelas de alta o muy alta marginación es 30% mayor
que en escuelas con menor marginación; menor desnutrición entre los alumnos más
vulnerables, para 66% de los estudiantes beneficiados el alimento que recibían
en su escuela era el primero del día; y mayor participación laboral de las
madres de familia en 5 puntos porcentuales.
La
eliminación de las escuelas de tiempo completo ocurrió en un momento crítico
para la educación en México, pues se da justamente frente al regreso a clases
presenciales privando a alumnas y alumnos y sus familias a prescindir de uno de
los escasos recursos para enfrentar los retos derivados de la pandemia:
deserción escolar, pérdidas de aprendizajes y menor participación de madres de
familia en empleos remunerados.
El
día de ayer la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad
de México. Ordenó al gobierno federal a restaurar las Escuelas de Tiempo
Completo (ETC), como operaban antes, de acuerdo con la resolución judicial,
ante la demanda de amparo presentada por Aprender Primero.
En
recurso interpuesto se argumentó que las autoridades federales violaron el
derecho a la educación y alimentación de millones de niñas, niños y
adolescentes, al excluir a su beneficio de manera arbitraria y al no garantizar
los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de
aprendizaje y alimentos en la práctica. La jueza determinó que se violó el
principio de progresividad respecto a los derechos de educación y alimentación
de los menores, además del interés superior de la niñas y niños, mismos que se
garantizaban con las ETC.
Bien
por la jueza, bien por las niñas y niños y bien por sus familias. Ahora queda
esperar que se cumpla la ley, que las autoridades acaten lo resuelto y que el
asunto no se vaya enredar en un entuerto legaloide y se siga trastocando los
derechos de niñas y niños.
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