La debacle del país inició en 1989

  

Juan José Ríos Ríos

 

 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la forma como el país fue siendo desmantelado de sus bienes, modificando al antojo la Constitución por el poder ejecutivo de esos años al 2018, contando con el apoyo incondicional de partidos y legisladores en el Congreso de la Unión.

            Indicó que, entre los cambios hechos por el ahora bloque opositor, se encuentra la de 1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y avalada por legisladores del PRI y del PAN relacionada con el plan nacional de Desarrollo, y lo cual permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. “El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para “entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando de la Constitución el párrafo que reservaba para el Estado la prestación del servicio público de banca y crédito”.

            Después, se modificó el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Por esta reforma, hay enormes latifundios en manos de supuestamente ejidatarios inmensamente ricos y se despojó a miles, si no es que millones de dueños originarios de las tierras. En tanto, el 6 de mayo siguiente se generaron cambios a la ley minera para otorgar concesiones a particulares hasta por 50 años y se eliminaron los límites de las superficies que podrían ser concesionadas.

            Tras advertir que hasta hace unos años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, plata y cobre, debido a que se eliminaron los impuestos por la extracción, cuestionó: “¿Ustedes creen que esto no tiene dedicatoria, eran auténticos representantes populares los legisladores?”. Detalló que las principales empresas favorecidas desde la aprobación de la reforma en la materia fueron Peñoles, Grupo México y Carso.

            Con ello, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45 por ciento del territorio nacional. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria, que, contraria a la Constitución, permitió a empresas privadas generar energía eléctrica. Hoy tales empresas venden a la CFE o a particulares el 46 por ciento de la energía, aseguró.

            Al continuar, aseveró que en 1993 avalaron una reforma para limitar la gratuidad en la educación a la primaria y secundaria; el 18 de marzo de 1995, la mayoría priísta aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento; el 12 de mayo de 1995, se avaló la reforma al servicio ferroviario que permitió su privatización; y en 1996 fue creado el sistema de Afores con un alto cobro de comisiones, que, ponderó, se modificó hasta el presente sexenio.

            En un caso que consideró histórico, expuso que “el 12 de diciembre de 1998 -ni la burlan perdonan- diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. Ésta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado, sólo para el pago de intereses, más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional”.

            Además de la reforma de la ley del ISR en 2005 con Vicente Fox, para diferir el pago de impuestos, en 2007 se modificó la ley del ISSSTE - con aval del PRI y PAN, lo que entregó la administración de las pensiones a banqueros.

            En 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, se modificó la ley para otorgar contratos para la explotación de petróleo, y hasta por 25 años, para la asignación de bloques. La Corte ratificó la reforma. También, se aumentó el IVA al 16 por ciento, y del ISR al 30 por ciento.

El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de iniciar su gobierno, Enrique Peña Nieto firmó con el PRI, PAN y PRD el Pacto por México, que generó cambios en el sector energético, educativo y permitió la subcontratación. “Todo esto está en la Constitución, algunas cosas ya las hemos ido quitando”.

            Como parte de ello, se aprobó la “mal llamada reforma educativa”, y comenzó una campaña de desprestigio y criminalización sin precedentes contra el magisterio. Le siguió una reforma en materia de telecomunicaciones que otorgó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que le quitó la rectoría del sector al gobierno.

            Ese instituto está controlado por los llamados agentes económicos preponderantes, se supone que se creó para combatirlos, para combatir a los monopolios, pero tiene más fuerza un agente económico preponderante, por esa reforma constitucional, que el presidente de la República. Lamentó que no se puede tener una concesión del Estado para ofrecer servicio de internet, con excepción de los sitios donde no hay presencia de empresas.

            Los ajustes no se han revertido porque los dejaron bien amarrados y no se puede con un decreto, sino con cambios constitucionales. En octubre de 2017, el Senado avaló nuevos cambios a la ley de comunicaciones que fueron considerados un retroceso democrático. De manera previa, con la reforma hacendaria, se aumentó los impuestos a la mayoría de los contribuyentes y mantuvo privilegios fiscales a grandes empresas, lo cual se eliminó en su gobierno.

            La reforma energética, igualmente del sexenio anterior, permitió la entrega del 20 por ciento del potencial petrolero en el país a empresas particulares nacionales y extranjeras. “Cuando se aprobó esta reforma, solicitamos una consulta ciudadana”, sin embargo, y a pesar de reunir más de 3 millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte “que ya estaba arreglados, demostrando su lealtad a los mandamases”, rechazaron la petición. “Eso tampoco se olvida”.

            La lista de reforma la presenta para "entender cómo era la vida legislativa en el periodo neoliberal, ¿en qué beneficiaron al pueblo?”, cuestionó.