Víctor
Hugo Prado
De
acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, “el Estado de Derecho se
refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones
y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a
leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican
con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios
internacionales…”. En razón de ello,
todas las instituciones políticas regidas por dicho principio –El Estado de
Derecho-, o sea todas, garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante
la ley, así como la separación de poderes, la legalidad, no arbitrariedad y la
transparencia procesal y legal.
El Estado de Derecho está
contemplado en la Constitución como ley máxima del país. Por tanto, señala Max
Kaiser en una conocida red social que la
Constitución es Norma Suprema de una República Democrática. Estableciendo tres
aspectos básicos: Primero: ¿quién puede
hacer leyes, las aplica e interpreta? Segundo: ¿cómo se hacen, aplican e
interpretan? Tercero: ¿Cuáles son los límites para hacer, aplicar e interpretar?
Así, todas las autoridades están sometidas a estas estas tres funciones
constitucionales, todas. El todo incluye al presidente por popular que sea.
El Decreto
–acuerdo dijo el presidente- con el que se pretende adscribir a la Guardia
Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, anunciado ayer en la mañanera
es abiertamente violatorio del artículo 21 constitucional, que ordena que la
Guardia Nacional sea de “carácter civil”. Por tanto, el presidente no tiene
facultades para dejar sin efecto el contenido de la Constitución a través de un
decretazo. Dos problemas graves,
concurren en caso de que se publique el Decreto, el rompimiento del Estado de Derecho
y la militarización del país. Ni uno ni otro son deseables porque con ello se
abre la puerta a las tentaciones tiránicas. Al margen de señalar que la
inseguridad sigue creciendo.
En
México el Estado de derecho está contemplado en la Constitución donde se define
que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Para una modificación constitucional se requiere el voto de
las dos terceras partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Los ciudadanos y las instituciones democráticas tenemos la obligación de defender nuestro Estado de Derecho, y someterlos siempre a instancias facultadas para declararlos inconstitucionales e ilegales. Dejar hacer y dejar pasar el abuso y la violación de los principios legales que nos rigen es permitir el paso hacia la tiranía.
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