Eduardo
Campos Flores
De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi)
ampliamente difundidos por varios medios de circulación nacional, en el último
año, la tarifa eléctrica de los hogares mexicanos se ha incrementado cerca de
9%, una tasa por arriba de la inflación general que en mayo fue de 7.65%.
Incluso, entre diciembre de 2018 y mayo pasado, en el periodo que lleva la
administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
electricidad ha tenido un aumento acumulado de 20.29%. Además, se advierte que
las tarifas seguirán en aumento conforme a la inflación.
Los
que formamos parte de los millones de usuarios domésticos de la CFE no podemos
quedarnos callados ante este incremento.
Todos
sabemos que si el precio de la electricidad aumenta los consumidores perdemos
poder adquisitivo. El ingreso disponible real de los hogares se reduce vía el
aumento del nivel de precios y por la posible baja en las actividades
económicas. Por su característica de insumo, aumentan los costos de producción
de las empresas lo que se manifiesta como un aumento en el nivel general de
precios.
Abordar
el tema, no solo debe ser con la intención de exhibir la falsa promesa que hizo
AMLO para ganar votos en 2018 de bajar los precios de la luz y la gasolina o de
refutar sus recientes declaraciones de que su gobierno está analizando,
buscando la manera de ayudar a la CFE para que disponga de más recursos a fin
de que pueda mantener los precios de la energía eléctrica por debajo de la
inflación. Considero que varios politólogos serios están haciendo esta tarea
con mejores herramientas.
Debido
a que entre los sectores más afectados están, sin duda alguna, los hogares más
pobres, es la razón por la que es necesario encontrar una explicación para
buscar soluciones a fondo. Algunos especialistas sostienen que el costo de la
energía eléctrica podría ir bajando si el país tuviera contratos a largo plazo
con empresas de energías renovables. Pero no se han tenido y estamos
dependiendo en buena manera del gas natural y otros combustibles. Hay
proyectos, pero están detenidos. En efecto, la prensa nacional da cuenta que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó 10 solicitudes de la iniciativa
privada para la generación de energía eléctrica mediante fuentes solares y
eólica.
En
cuanto a buscar más recursos públicos a la CFE y con ello mantener las tarifas
eléctricas por debajo de la inflación como declara AMLO, es una estrategia
propagandística del mandatario para hacer creer a sus seguidores que está
interesado en la problemática. Desde inicios de su administración quedó claro
públicamente de que la empresa paraestatal es una de las consentidas de la 4T.
Según fuentes oficiales en 2021 la Federación derogó en subsidios a la
electricidad 70 mil millones de pesos y se estima que podrían duplicarse en el
presente año. La CFE ha recibido más de 226.500 millones desde 2019 en
subsidios gubernamentales para las tarifas residenciales de bajo consumo
eléctrico. Esto representa un gigantesco deterioro de las finanzas públicas.
Por
otra parte, la Comisión Federal de Electricidad incrementó sus costos de
operación por un evento derivado de negociaciones políticas, más que de un
incremento en los costos de la electricidad, por lo que tan solo durante el
2021, sus pérdidas netas ascendieron a 106,260 millones de pesos, el peor
registro en su historia y un 24% más que las pérdidas registradas en el año
previo.
El
Presidente López Obrador en sus mañaneras no pierde la oportunidad de lanzarse
contra la participación de privados en la generación eléctrica. Describiendo al
neoliberalismo como responsable de que la CFE genere nada más 50 por ciento de
la energía. El gobierno lopezobradorista considera que la CFE debe tener el
monopolio de la generación, transmisión y distribución de electricidad, aunque
la empresa paraestatal produzca energía eléctrica más cara.
El
problema no es solamente el neoliberalismo, la expresión más brutal de la
economía basada en el mercado, donde los monopolios imponen precios
exorbitantes y controlan la producción a conveniencia. Lo que implica que no
está mal que el Estado mexicano intervenga en la producción de bienes
materiales que los mexicanos necesitan entre ellos la electricidad.
El
riesgo está en que el Estado se arrogue el poder absoluto, como hoy con la 4T,
y genere una situación de desabasto y carencias, al menospreciar la ciencia y
los avances tecnológicos para la generación y el aprovechamiento de energías
más limpias. En vez del mercado depredador, tenemos un gobierno inepto,
despótico y despilfarrador de recursos. Esto es como saltar de la sartén a la
lumbre. Esta es la lección que debemos aprender cuando vemos que falla la
política energética de la 4T y suben las tarifas en hogares.
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