Salvador
Mateo
Muchos
mexicanos, sin ser especialistas en administración pública, sabemos que los
ingresos de los estados dependen en gran medida de transferencias federales.
Las entidades federativas obtienen recursos propios a través de impuestos al
comercio, sobre nómina y predial; por derechos como el registro civil,
licencias y permisos; por productos de bienes muebles e inmuebles y por
aprovechamientos que incluyen multas y recargos locales. Sin embargo, éstos
representan sólo una pequeña parte del total de sus ingresos.
De
tal manera que atribuir la falta de obra pública y los pésimos servicios
públicos en Estados y municipios se debe a que los gobernadores y presidentes
municipales gastan en cosas superfluas, aunque eso exista en varios puntos del
país, no se puede explicar la crisis presupuestal de estos gobiernos por esa
razón simple, como hacen rabiosamente los fanáticos de AMLO, pues se deben
tomar en cuenta, en primer lugar, los ingresos del gobierno de la República.
No
debemos olvidar el golpe brutal asestado a las comunidades y colonias
marginadas que carecen prácticamente de todo, por la decisión que tomó en 2019
el presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar brutalmente las
participaciones a Estados, a pesar de que muchas entidades y municipios
representan la principal fuente de sus ingresos.
Tampoco
podemos dejarnos engañar. Tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que los
ingresos del gobierno de la república, tal como lo establece la política
neoliberal imperante en todo el mundo, exige una drástica disminución en el
cobro de impuestos a las grandes fortunas. Y así ha sucedido en México, que es
ya uno de los países del mundo que menos impuestos cobran con respecto a su
Producto Interno Bruto.
A
tres años y medio en el poder, el presidente López Obrador no tiene más remedio
que enfrentarse a la realidad, por más que le guste y trate de negarla.
Presumía que todo era sencillo, que gobernar no era ninguna ciencia, solo era
cuestión de tener la autoridad moral que significaba el apoyo del pueblo. Se
convirtió en el príncipe del diagnóstico simplista y la solución fantasiosa,
que predicaba infatigable.
Como
candidato, AMLO encontró numerosos oyentes, muchos porque creyeron ingenuamente
que nadie podría ser más inepto o corrupto y por eso votaron por él. Pero
contrario a lo que esperaban los millones de electores que dieron su voto a
Morena en 2018, hoy la inmensa mayoría de los mexicanos estamos afrontando las
mismas consecuencias e incluso peores, que provocaron sus antecesores.
Volviendo
al tema de esta modesta colaboración. El Instituto de Información Estadística
Informática y Geográfica de Jalisco (IIEG) en su boletín Económico Mensual de
abril de 2022 informó, Los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel se han
reflejado en una disminución en la recaudación del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas y diésel en el primer trimestre
de 2022 de -70.7% en términos reales con respecto al mismo trimestre de 2021.
La
disminución en la recaudación del IEPS tiene varias repercusiones, una de las
cuales es en la reducción de los ingresos que reciben las entidades federativas
y municipios a través del Ramo 28 de participaciones y del Ramo 33 de
aportaciones, que dependen de los ingresos tributarios.
A
manera de ejemplo del grado de afectación a Jalisco en particular, y al resto
de las entidades federativas en general, se realizó un ejercicio considerando
la reducción de 45,942.6 millones de pesos de la Recaudación Federal
Participable (RFP) debida a los estímulos, aplicando el porcentaje que cada
fondo tiene de la RFP, y considerando la misma distribución porcentual de cada
fondo por entidad federativa de 2021.
Los
resultados arrojan una afectación estimada para Jalisco de 833.53 millones de
pesos por los estímulos que el Gobierno Federal está otorgando al IEPS de la
gasolina y el diésel en el primer trimestre de 2022. La afectación estimada
para todas las entidades federativas y sus municipios es de 13,641.14 millones
de pesos, siendo el Estado de México y la Ciudad de México las entidades con la
mayor reducción en términos absolutos.
Además
del informe del IIEG. Es del dominio público que el “Gasolinazo” es una palabra
prohibida para el Gobierno mexicano. Con el barril de petróleo por las nubes
debido a la invasión rusa de Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador
insiste en que la gasolina no subirá por encima de la inflación, una de sus
frases favoritas. Para aferrarse a la promesa, el Gobierno ha echado mano de
estímulos fiscales, para contener los precios. Sin embargo, los analistas
cuestionan la sostenibilidad de esta estrategia y alertan sobre el impacto en
las finanzas públicas.
O
sea, no solo las mega obras del sexenio de AMLO han dejado sin recursos a
innumerables programas federales. No debe pasarse por alto que una buena parte
de los magros ingresos del Estado mexicano se gastan en obras gigantescas
ordenadas por el presidente de la República que no tienen nada que ver con el
crecimiento económico del país ni el combate a la pobreza y la
desigualdad. La refinería de Dos Bocas,
el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, así como, el Corredor
Interoceánico, absorben una montaña de dinero y cada día sus sobrecostos son
más altos y ahora se suman los multimillonarios subsidios a las gasolinas que
afectan las participaciones a Estados y Municipios.
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