Desde
algunos meses el constante aumento de los costos de las materias primas y de
los productos, sobre todo el de los alimentos es una preocupación mundial y hay
quienes prevén que incluso es necesario aprender a vivir con precios altos más
allá de mediados del 2024. En el caso de
nuestro país, tras presumir que su administración ha logrado controlar el
aumento de los combustibles y que la inflación es menor a la de Estados Unidos,
el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende controlar los precios del
huevo, leche, aceite, frijol, pollo y tortilla, entre otros productos más de la
canasta básica, mediante un pacto con empresarios y comerciantes.
El
mandatario federal, aclara en sus discursos que no se trata de un control de
precios, sino de un pacto para hacer frente a la desbordante inflación. El
propósito es "evitar aumentos injustificados". De implementarse la
iniciativa, replicaría los pactos impulsados por gobiernos priistas como los de
Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, a los que ha cuestionado reiteradamente
Andrés Manuel López Obrador por "neoliberales".
Ahora
bien, haciendo a un lado todo lo que el mandatario federal dice diariamente “Este
gobierno no es como los de antes”; veamos si en verdad funcionó el Pacto de
Solidaridad Económica (PSE) que pretende replicar AMLO. Está documentado que el
PSE nació en el sexenio de Miguel de la Madrid en el llamado acuerdo
político-económico de 1987, que tenía el objetivo de detener el incremento de
los intereses, la inflación, la devaluación del peso mexicano y el bajo
crecimiento económico.
Para
1989, el proyecto fue reforzado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari
con la firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE).
Si bien logró detener la inflación y mantener un crecimiento económico
moderado, este pacto también trajo consecuencias no favorables para la
economía, como el deterioro de la capacidad productiva local, la pérdida del
valor real de los salarios, y un mayor desempleo. El 1 de diciembre Salinas
terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la Presidencia. Nadie imaginaba
entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas
de su historia.
Los
especialistas coinciden en que el plan de AMLO se trata, en realidad, de un
control de precios en México de los años 50. Una medida que en los sexenios de
Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo alcanzó su máxima operación
mediante la imposición de precios oficiales sobre un gran número de mercancías.
Expertos advierten que un control de precios de la canasta básica, como el que
se avizora en el plan antiinflacionario del gobierno lopezobardorista,
provocaría en un corto plazo mayores encarecimientos ante una escasez de
productos. De tal manera que, si esta medida no funcionó en el pasado, menos
ahora.
Además,
en el mediano plazo, este tope en los precios también generaría una menor
competitividad en el mercado, lo que se reflejaría en productos de menor
calidad o que algunos productores prefieran exportar y dejen de vender en el
mercado nacional. Con todo esto hasta, para los menos conocedores nos queda
claro que la inflación no se puede controlar por decreto ni con discursos,
menos replicando pactos antiinflacionarios del siglo pasado como pretende el
gobierno de la 4T.
En
especial para el caso de nuestro país, debido a que la subida constante de los
precios a nivel mundial nos impacta más directamente por nuestra creciente
dependencia alimentaria, sobre hacia los Estados Unidos. De acuerdo con el
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), México se ha convertido en el principal
importador de maíz en el mundo, ya que de casi 45 millones de toneladas al año
que se consumen en el país, entre 27 y 28 millones de toneladas se producen y
el resto se importa. En 2021 las compras al exterior de maíz cerraron en 17.5
millones de toneladas.
Mientras
que la superficie cultivada se ha reducido en 4 millones de hectáreas entre
2014 y 2020. Aquí radica la responsabilidad directa de este y los anteriores
gobiernos, cuya política económica nos sigue hundiendo en una terrible
dependencia alimentaria, sobre todo la 4T que ha dejado sin apoyos
gubernamentales al campo mexicano. Frente a este panorama, cabe preguntar qué
sentido tiene el llamado de López obrador a los campesinos y campesinas a
abocarse a la siembra de maíz y frijol, dos productos indispensables para
garantizar la seguridad alimentaria en el país “Porque se enfrenta la carestía,
se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción
comercial”.
La
solución a la inflación no está en pedir a los dueños del dinero que se apiaden
de los hambrientos; la salida está en impulsar medidas urgentes para un
vigoroso crecimiento de la riqueza de nuestro país, es decir, aumentando la
productividad y una enérgica política distributiva para sacar a los millones y
millones de mexicanos del hambre y la pobreza en que se debaten. Para tal
efecto de nada servirá el pacto antiinflacionario de AMLO que no tiene nada de
nuevo, solamente es una réplica de los pactos impulsados por gobiernos priistas
“neoliberales”.
*Vocero
del Movimiento Antorchista en Jalisco.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario