Ley a modo

 

  

Juan José Ríos Ríos

 

 

Recientemente el Senado aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que busca reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. Además, da prioridad al desplazamiento de personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esta ley, es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

            Esta ley define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación. Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

            Para ello se incluyó a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de permisos o autorizaciones de personas físicas o morales y del servicio de transporte; también a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

            El Sistema propondrá las especificaciones técnicas del parque vehicular, en lugar de definirlas, y los distintos órganos de gobierno deberán evitar gravar los servicios de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares. El Senado también aceptó la propuesta de la Cámara de Diputados para que las licencias que expidan las autoridades puedan ser impresas en material plástico o de forma digital.

            En todo ello se consideró que los accidentes viales son la primera causa de muerte de infantes, niñas, niños y jóvenes, es la segunda causa de fallecimientos de personas de 25 a 30 años, por lo que se creó también un marco jurídico para no evitar el error humano, porque siempre va a existir, sino para construir condiciones de tránsito, de regulación y lineamientos para que estas fallas no terminen con la vida de las personas.

            Pero… ¿Cuál es la realidad en nuestro estado y, muy concretamente en Ciudad Guzmán?.

            En la capital de Jalisco se impuso la obligatoriedad para que anualmente los propietarios de vehículos procedan a su verificación, so pena de sanciones económicas fuertes y sin que se dispongan de los centros de verificación suficientes para atender el gran parque vehicular que transita por Guadalajara y los municipios conurbanos con ésta. No se sabe si lo mismo obligue al parque vehicular propiedad del gobierno del estado y de los municipios de la zona metropolitana, porque para los particulares pesa la obligación y/o la sanción.

            En nuestra sufrida Ciudad Guzmán, los elementos humanos y materiales del área de movilidad y tránsito, se reúnen en masa, porque dando servicio son menos los que se ven, para realizar tareas de “verificación”, pero en el sentido de que los conductores lleven puesto el cinturón de seguridad, que si bien es cierto es parte de las obligaciones de todo aquél que conduce un vehículo, la acción tiende más a la aplicación de multas, porque infracciones en otro sentido no se consideran por la autoridad, entre éstas el uso de vehículos con escapes modificados o transitando con altos decibeles reproduciendo “música” o anuncios publicitarios.

            Bien argumentan los ciudadanos de Jalisco sus puntos de vista respecto a estas acciones de la autoridad, pues la verificación de autos será anual, so pena de la aplicación de multas elevadas, pues dicen que mientras para ellos todo el rigor de la ley, las calles y las carreteras no tienen esta misma verificación para que estén en condiciones de uso seguro para conductores y peatones, en lo que tienen mucha razón, pues aparte de pagar multas por infracciones, anualmente se paga refrendos y se aplican “cooperaciones voluntarias” dizque para la Cruz Roja y otros organismos asistenciales ¿será?, mientras calles, carreteras y señalética son del todo, por lo general, insuficiente y caduca, la más. Por eso denominamos “ley a modo” y antojo.

            Como la nueva ley es de obligación general, ojalá, cuando menos, la lean las autoridades correspondientes y, en su caso, algo hagan al respecto.