Regidor llama a Ochoa Neira a no engañar

 

 

Juan José Ríos Ríos

El Volcán/Guzmán

 

Los problemas por la falta de agua potable en Ciudad Guzmán, servicio que está a cargo del Organismo Público Descentralizado (OPD) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán (SAPAZA), está dejando en claro posturas y actitudes que poco abonando a la solución del problema que ha afectado a miles de familias por la falta del vital líquido, cuando se hacen señalamientos y denuncian que evidencian desconocimiento, incapacidad y falta de voluntad para verdaderamente servir a quienes se supone deben hacerlo, los ciudadanos de Zapotlán y de su cabecera municipal Ciudad Guzmán.

            Esto viene al caso por las declaraciones que sobre el problema han venido haciendo los regidores Raúl Chávez García y Laura Elena Martínez Ruvalcaba, primeramente porque la nueva administración municipal y del SAPAZA, no han aprovechado y dado buen uso a las instalaciones que se tienen desde la pasada administración, consistentes en el inmueble para el asiento de las oficinas del organismo, y en el equipamiento del pozo profundo ya perforado, como lo es el pozo 16, al que sólo le hace falta el equipo para sumar al caudal de agua sus 60 litros por segundo que, según los regidores mencionados, tiene de aforo.

            Y Chávez García entra de nuevo al ruedo al cuestionar las declaraciones hechas por el ingeniero Víctor Ochoa Neira, director general del SAPAZA, en las que acusa de complot en contra de las instalaciones del sistema a su cargo, las que, según este funcionario: “Han generado en mi equipo y en algunos ciudadanos, la suspicacia de que no fueron accidentes o una situación circunstancial, que basado en su propia experiencia personal y en opinión de algunos ingenieros conocedores de la materia, la forma y el lugar donde se detectó la fuga y las características de la rotura del tubo de conducción; sugieren que fue una condición provocada por sobrepasar la resistencia de la tubería a la presión del agua, algo que solo hubiese ocurrido de manera intencional o por un mal manejo de la operación de los equipos”.

            Ochoa Neira fue más allá, al decir: “Sabemos muy bien que las intenciones de estos ataques tienen un trasfondo político. Por eso, vamos a emprender las investigaciones con peritajes especializados e interponer las denuncias a las instancias correspondientes para que se hagan las investigaciones y se castigue a quien resulte responsable, trátese de empleados o exempleados de SAPAZA, incluso si hay políticos dirigiendo esta operación desde fuera de esta dependencia”. “Tenemos suficientes elementos de prueba que pondremos a disposición de las autoridades competentes, y de acreditarse dichos actos delictuosos, se castigue, con todo el peso de la ley, a los responsables que están detrás de esto. Mientras tanto, les pido a mis compañeros trabajadores de SAPAZA, que seamos institucionales, que protejamos con trabajo y responsabilidad el vital servicio que está a nuestro cargo, que cuidemos esta institución que es patrimonio de todos”.

        

    A ello, ahora el Regidor Raúl Chávez García, difundió en su espacio en las redes sociales que era una tontería lo que se le ocurrió declarar a Ochoa Neira, indicando, como trabajador del SAPAZA con más de 30 años de servicio en este OPD, que en la red donde se produjo la fuga no existen válvulas y por lo tanto no puede haber sabotaje, actitud que, según éste; “no abona en nada al problema que está sufriendo los habitantes afectados por la falta de agua. Menciona que no quiere politizar el tema, pero a la vez habla de rencillas y la posible participación de políticos para dañar la imagen de su gestión, para convertir su falta de capacidad en un tema político”. Finalmente lo invita a que conozca la infraestructura del SAPAZA, a que valore al personal a su cargo antes de lanzar acusaciones tan serias y desmeritando su trabajo, a que ofrezca soluciones y no pretextos, “a que no engañe y haga un lado el tema político”, afirma entre otras cosas.

            Legalmente el que acusa está obligado a probar, y si hay pruebas, quienes tienen la competencia de juzgar, seguramente lo harán conforme a derecho y no a gusto de nadie, de lo que se espera se haga del conocimiento público para que, lejos de dimes y diretes, los funcionarios públicos sólo hagan lo que por obligación, en razón de sus cargos, tengan que hacer, y de esta manera no se afecte a nadie, mucho menos a los ciudadanos que nada tienen que ver en lo que algunos consideran intromisiones de tipo político y, otros de engaño.