Juan
José Ríos Ríos
No se
trata de un problema de alergia, es un problema social que afecta, de manera
distinta en cuanto a su gravedad o daños, a 28 familias que adquirieron su
patrimonio, su casa, en el conjunto habitacional denominado La Primavera 11, de
Ciudad Guzmán. Un tema que no ha avanzado mucho y en beneficio de quienes
sufren la afectación, y que ni siquiera fueron tomados en cuenta para
informarles, cuando menos, lo dado a conocer por el Consejo Municipal de
Protección Civil de Zapotlán el Grande, el jueves 24 de febrero.
Por lo dicho allí, se sabe que
previo a la construcción del fraccionamiento popular, la empresa constructora
presentó un estudio de uso de suelo, tanto de Protección Civil municipal y estatal,
allá por el año 2013, junto con otros estudios, ante la sospecha de una falla
geológica, cuando, se dijo, no había la certeza en el Atlas de Riesgos de
Zapotlán, que databa del 2006. Fue hasta en el 2021 cuando de forma “aislada”,
se produjeron algunos dictámenes en viviendas de dicho fraccionamiento,
iniciando en el domicilio de calle Violetas 22, sumando hasta la fecha un total
de 28 las afectaciones en distintos grados. Esperamos que dicho atlas ya esté
actualizado para evitar problemas de este tipo en el futuro.
En cuanto a lo que se ha hecho
físicamente en el lugar, se ha descartado que las cuarteaduras de muros y
problemas en el piso se hayan generado por fugas de agua, verificación que
estuvo a cargo del OPD SAPAZA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Zapotlán), mientras que el Gobierno Municipal que encabeza Alejandro Barragán
Sánchez, dispuso la reubicación de las familias que fueron desalojadas de sus
casas afectadas en espacios alternativos, y la suspensión de cobros por
concepto de agua potable y del predial. De igual forma el apoyo legal para que
los afectados lleven a cabo sus trámites ante el INFONAVIT y en su caso
resarcirles sus bienes.
De las acciones que coadyuven en la
solución de la problemática de las 28 familias afectadas en este
fraccionamiento habitacional, en lo municipal, aparte de evitarles pagar
impuestos por servicios que no gozan, aunque estén allí las fincas y por ello
las obligaciones legales son firmes, es decir, existen y se deben de cumplir
por ley, ya es darle ánimo a la gente y más si el apoyo legal ofrecido se va
hasta el acompañamiento que necesitarán los vecinos para lograr ser oídos y
atendidos en la instancia oficial que les otorgó el crédito, para quienes así
adquirieron sus casas, el INFONAVIT. Por fortuna, en esta institución se han
dispuesto nuevas formas de apoyar a los beneficiarios en la espera y en el
deseo de que el burocratismo imperante en la misma, es decir; las trabas que se
imponía para todo, hayan pasado a mejor vida.
Lo que es cuestionable es el
“sigilo”, el blindaje que ha tratado de imponer la nueva administración
municipal en todos sus actos, principalmente los considerados públicos, es
decir, donde todo mundo tiene derecho al acceso, pues la sesión del Consejo
Municipal de Protección Civil se celebró sin la presencia de los afectados,
incluso, como se filtró el evento en redes sociales, hasta a los mismos
encargados o responsables de algunos medios de comunicación que se hicieron
presentes en el lugar donde se realizó, en un principio se les indicó que no
podían ingresar para darse cuenta, lo que finalmente se desistió, hecho que
permitió saber lo que ya se ha dado a conocer a la población y con el interés
que seguramente lo vieron o lo sabrán los afectados, por lo que fue posible
enterarse y poder dar a conocer por quienes sólo buscan cumplir con su deber y
necesidad de informar.
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