El circo de los juicios políticos

  

Juan José Ríos Ríos

 

 

Actualmente es tema de nota nacional la pretensión de someter a juicio político a los hasta ahora intocables principales titulares del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es noticia principalmente porque la propuesta es del diputado Gerardo Fernández Noroña, calificándola de revancha política, por quienes se sienten afectados, y de quienes simpatizan con no poner orden y sancionar a quién o quienes lo merecen, de acuerdo a la ley, convirtiendo el juicio político en un circo.

            Esto se refuerza al conocer que desde la pasada legislatura existen más de 100 propuestas de juicios políticos a servidores públicos por incurrir en actos u omisiones, entre éstos contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los que más se mencionan, pero que también los hay en contra del Fiscal Alejando Gertz Manero, el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

            En pocas palabras, la intención de enjuiciar existe, pero los mismos diputados lo han convertido en un circo por el rezago existente, y como parte del espectáculo están la gran mayoría de quienes pretenden que las cosas no se den, entre estos varios medios de comunicación masiva.

            En este juego, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó se sumarán a la propuesta del PT para solicitar juicio político a los consejeros del INE, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, por cometer violaciones a los principios del artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el 22 de la Constitución.

            Dijo que la propuesta se fundamenta en el artículo 109 de la Constitución y en la ley de responsabilidades que especifica como motivos de juicio político el ataque a las instituciones democráticas; a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

            La acción de los consejeros señalados, según este legislador, ha puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral, tal como está prevista en el Artículo 41 constitucional, en el que se establece que el INE es un organismo conducido por un Consejo General que debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, violaron también los preceptos del Artículo 22 de la Constitución que establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

            Además, ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco electoral una vez que éste ha iniciado, sigue en duda su independencia de los partidos políticos que en su momento los promovieron como consejeros y no han sido pilares de la legalidad, toda vez que siguen amparados para no cumplir con lo que les ordena la Constitución Política de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

            “Corresponderá a la Cámara de Diputados valorar si Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han faltado a su objetividad y, en su caso, mantienen su simpatía con las fuerzas políticas conservadores a las que se enfrenta la Cuarta Transformación. Entre las facultades que está resolver esta solicitud de juicio político, se respete la Constitución, les destituya y/o inhabilitarlos”, agregó el diputado.

            En este asunto, Córdova Vianello ha promovido desde 2019 amparos para impugnar el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, que implica una reducción a su salario, así como por el pago a los servidores públicos con salarios superiores a los del Presidente de la República.

            Pues bien, venga de quien venga, porque parece que no hay más diputados y sus partidos interesados en la legalidad y orden, ya es necesario que la ley sea pareja, aunque esta forma de “castigar” a los presuntos infractores, no pasa de una inhabilitación por determinado tiempo para volver a hacer de las mismas, seguir viviendo del presupuesto, o bien destituirlos, ¡Vaya sanciones!, mientras que para los ciudadanos de a pie, la “ley” es más estricta, lenta y hasta propiciadora de la impunidad, avalada por los diputados, al poner a dormir más de 100 propuestas del llamado juicio político.