Juan
José Ríos Ríos
Actualmente
es tema de nota nacional la pretensión de someter a juicio político a los hasta
ahora intocables principales titulares del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro
Murayama. Es noticia principalmente porque la propuesta es del diputado Gerardo
Fernández Noroña, calificándola de revancha política, por quienes se sienten
afectados, y de quienes simpatizan con no poner orden y sancionar a quién o
quienes lo merecen, de acuerdo a la ley, convirtiendo el juicio político en un
circo.
Esto se refuerza al conocer que
desde la pasada legislatura existen más de 100 propuestas de juicios políticos
a servidores públicos por incurrir en actos u omisiones, entre éstos contra
Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los que más se mencionan, pero que
también los hay en contra del Fiscal Alejando Gertz Manero, el exgobernador de
Baja California Jaime Bonilla y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
En pocas palabras, la intención de
enjuiciar existe, pero los mismos diputados lo han convertido en un circo por
el rezago existente, y como parte del espectáculo están la gran mayoría de
quienes pretenden que las cosas no se den, entre estos varios medios de
comunicación masiva.
En este juego, el diputado Ignacio
Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó se sumarán
a la propuesta del PT para solicitar juicio político a los consejeros del INE,
Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, por cometer violaciones a los
principios del artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el 22 de la
Constitución.
Dijo que la propuesta se fundamenta
en el artículo 109 de la Constitución y en la ley de responsabilidades que
especifica como motivos de juicio político el ataque a las instituciones
democráticas; a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones;
cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause
perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados o de la sociedad, o
motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
La acción de los consejeros
señalados, según este legislador, ha puesto en grave riesgo el desempeño de la
función electoral, tal como está prevista en el Artículo 41 constitucional, en
el que se establece que el INE es un organismo conducido por un Consejo General
que debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, violaron también los preceptos
del Artículo 22 de la Constitución que establece que toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Además, ambos consejeros no han
brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido
promotores de modificaciones al marco electoral una vez que éste ha iniciado,
sigue en duda su independencia de los partidos políticos que en su momento los
promovieron como consejeros y no han sido pilares de la legalidad, toda vez que
siguen amparados para no cumplir con lo que les ordena la Constitución Política
de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la
República.
“Corresponderá a la Cámara de Diputados
valorar si Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han faltado a su objetividad y, en
su caso, mantienen su simpatía con las fuerzas políticas conservadores a las
que se enfrenta la Cuarta Transformación. Entre las facultades que está
resolver esta solicitud de juicio político, se respete la Constitución, les
destituya y/o inhabilitarlos”, agregó el diputado.
En este asunto, Córdova Vianello ha
promovido desde 2019 amparos para impugnar el Presupuesto de Egresos aprobado
por la Cámara de Diputados, que implica una reducción a su salario, así como
por el pago a los servidores públicos con salarios superiores a los del
Presidente de la República.
Pues bien, venga de quien venga,
porque parece que no hay más diputados y sus partidos interesados en la
legalidad y orden, ya es necesario que la ley sea pareja, aunque esta forma de
“castigar” a los presuntos infractores, no pasa de una inhabilitación por
determinado tiempo para volver a hacer de las mismas, seguir viviendo del
presupuesto, o bien destituirlos, ¡Vaya sanciones!, mientras que para los
ciudadanos de a pie, la “ley” es más estricta, lenta y hasta propiciadora de la
impunidad, avalada por los diputados, al poner a dormir más de 100 propuestas
del llamado juicio político.
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