Jalisco endrogado: deudas, drogas y argucias lo agobian

 

Pedro Vargas Avalos

 

 

A los jaliscienses nos ha llovido en nuestra milpita. Ya no es el problemón de la pandemia que, siendo un mal universal, nos flagela particularmente: muchísimos son los hogares donde el luto, es el común denominador gracias a esa letal calamidad. Lamentablemente, a esa formidable tribulación se le suman otros temas que son  problemas de tal magnitud, que por decir lo menos, nos quitan el sueño: la inseguridad, la corrupción, las adicciones, el enorme adeudo del gobierno, la agresiva cuesta de enero y por si fuera poco, los forcejeos entre el gobernador con la universidad oficial y el presidente, el incumplimiento de promesas políticas y como cereza del pastel, los altercados entre diputados locales y las riñas que sostienen algunos munícipes tapatíos.

Para acreditar que la droga, los adeudos y las argucias nos agobian, comentaremos tres sucesos. En reciente sesión del Senado de la República, se enfrascaron en aguerrido debate varios miembros de la Cámara Alta, destacando en el enfrentamiento los senadores Clemente Castañeda, jalisciense de Movimiento Ciudadano (MC) frente al morenista César Cravioto Romero, que suple al titular Martí Batres, hoy por hoy, hombre fuerte del equipo de Claudia Sheinbaum en la ciudad de México.

Todo se generó por la irregular Comisión especial creada en la trastienda de la ley, por el instigador Dante Delgado y su colega Ricardo Monreal, quienes dolidos por la detención de un colaborador senatorial muy amigo de ambos, se lanzaron contra el gobernador jarocho Cuauhtémoc García; la Comisión de marras se conoce como de Veracruz y dijeron sus auspiciadores que, “era para investigar irregularidades y atropellos” que en ese Estado se cometen, y hasta amenazaron con llegar a la desaparición de poderes. Los correligionarios del mandatario veracruzano se unieron y echaron abajo, por ilegal, la mentada Comisión.

Ante ese hecho, tanto Dante Delgado como Clemente Castañeda se alteraron. Y ello ocasionó que el senador Cravioto les dijera que, si tan celosos de la ley son, porque no creaban Comisiones para investigar hechos graves, que se registran en Guanajuato, Tamaulipas, y de pilón “el narcoestado de Jalisco”. Esta alusión enchiló a Clemente Castañeda, que ya sabemos, es un incondicional del gober Alfaro Ramírez; por lo tanto, le devolvió la pedrada a Cravioto, diciéndole que los problemas del país se deben al mal gobierno de MORENA y que ellos, los senadores morenistas, solapan a un gobierno corrupto. Entonces Cravioto anunció que invitará a los periodistas de Jalisco, que han sufrido el autoritarismo imperante, especialmente en la Perla de Occidente, para probar lo que sostiene: que, en nuestra Entidad, hay droga por todos lados, incluyendo al gobierno.

Dejando el asunto de los narcos, leemos en el diario NTR de Guadalajara: “El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, volvió a contratar deuda. Al comenzar 2022, su administración dispuso de un crédito quirografario, o de corto plazo, por 600 millones de pesos (mdp).  

En los últimos dos años, el gobierno estatal ha adquirido siete adeudos de este tipo, los cuales suman 2 mil 900 mdp. El argumento para adquirirlos ha sido falta de liquidez. 

Aunado a los créditos quirografarios, el Congreso del Estado le autorizó al Poder Ejecutivo dos megadeudas de largo plazo en 2019 y 2020: la del primer año fue por 5 mil 250 mdp y la del segundo, de 6 mil 200 mdp, con lo que Enrique Alfaro se ha convertido en el gobernador que más ha endeudado a Jalisco”. (Sonia Serrano Iñiguez, NTR, 4-02-2022). Al respecto, siempre se nos dijo que no gastar más de lo que se tiene de ingreso, es lo correcto; al respecto, el otrora candidato al gobierno del Estado, en su campaña aseguró que no endeudaría a Jalisco. Bien dicen que “prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.” Ojalá nunca lleguemos a decir, “debo no niego, pago no tengo”, porque entonces tendremos fama de “drogueros”.

Una noticia que atrajo la atención de los habitantes de nuestro (a pesar de todo) hermosísimo Estado, fue la renuncia del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís. La verdad es que eso ya se esperaba desde hace muchos meses, por su desempeño sin buenos resultados; sin embargo, el tozudo respaldo del gobernador impidió que el ahora exfiscal se fuera. Pero la cuestión no para en esa renuncia, sino en cómo se nombró al sucesor. Porque el ejecutivo lo propuso y con su aplanadora naranja en el Congreso local, con la adición de sus aliados panistas y priístas, más la suma de un diputado verde, alcanzaron la cifra mágica (27 votos) y se salieron con la suya.

El problema mayor es que desde que se emitieron reformas a la Constitución estatal, se estableció que la Fiscalía General (que sustituyó a la antigua Procuraduría de Justicia) sería un organismo autónomo, según previene el artículo 53, párrafo tercero: “La Fiscalía General del Estado es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. Y sigue diciendo ese numeral en su párrafo quinto, que, el nombramiento del Fiscal General, sería de una terna que propondría el Ejecutivo; y si de ésta no se escogía a dicho funcionario, se enviaría otra terna, y finalmente, sino se elegía en el plazo establecido, por la vía de insaculación se elegiría al Fiscal General.

Pero como solemos expresar los mexicanos, “para las leyes, las muelles”, y se sacaron los diputados (claro, por indicación de su jefe real) un transitorio que suspendió la vigencia de lo relativo a la Fiscalía General. Y aunque pusieron en ese entonces (diciembre de 2018) un punto para que esas reformas entraran en vigencia, resulta que cuando se emitió la Ley Orgánica de la Fiscalía,  asentaron de nueva cuenta otro transitorio que alargó la triste situación de no entrar en vigencia la reforma; dice así la malhadada disposición: “Las modificaciones dispuestas en el presente decreto, no son las suficientes y necesarias para el cumplimiento y la implementación correspondiente, conforme los supuestos establecidos en el artículo Tercero Transitorio del decreto legislativo 26408/LXI/17, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” en su edición de fecha 18 de julio de 2017, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco, por lo que la reforma a los dispositivos que se citan en dicho artículo permanecen sin iniciar su vigencia”. Así pues, se cumplió el principio gatopardiano de reformar para seguir igual.

En conclusión, entre la droga, las deudas y las argucias, y desde luego, los políticos que tienen la sartén por el mango, nuestro Jalisco vive una situación de agobio que confiamos, no dure demasiado, para bien de las instituciones y personas que lo habitamos.