Periodismo, profesión de riesgo extremo

 

 

Juan José Ríos Ríos

 

 

El pasado martes 25 de enero se produjo una marcha simultánea en 30 ciudades del país encabezada y promovida por periodistas y comunicadores que protestaron por la violencia y asesinatos que a lo largo del tiempo y, más recientemente, por los hechos sangrientos ocurridos en Baja California y el estado de Veracruz, en contra de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y de José Luis Gamboa, respectivamente.

            De los hechos de violencia y muerte de periodistas ocurridos a lo largo de los años, la mayoría de las veces quedan impunes, es decir, casi nunca se aclaran y mucho menos se castiga a quien o quienes los llevan a cabo. Y estos hechos siempre repercuten en quienes andan tras la noticia o el reportaje, en la calle, en las fuentes de información, son la cara visible de la empresa para la cual laboran o dirigen, son blanco de todo tipo de ataques que la mayor de las veces también apenas sí se hace mención y por poco tiempo, en los mismos medios masivos de comunicación.

            Lo curioso y lamentable del caso es que en la mayoría de las agresiones que sufren los periodistas, fotógrafos, camarógrafos o reporteros, las más de las veces provienen de quienes representan la seguridad, es decir de policías o sus jefes, de alcaldes, de gobernadores, decir la verdad molesta a quienes se consideran señalados o afectados y la forma de reclamo es casi siempre violencia o muerte, poco ha valido que los periodistas, comunicadores y fotógrafos hayan pedido protección oficial, el ánimo y espíritu de daño, de ataque, acecha y caza a su presa y se ensaña con ella.

            Para el caso, reproduzco la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que dice: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."

            ANTECEDENTES

            En 1991 como respuesta a los reclamos de uno de los sectores sociales de gran importancia en la causa de los Derechos Humanos se creó como un rubro de especial atención, el denominado Programa Especial de Periodistas en virtud de considerarse a los integrantes de este gremio como un grupo vulnerable, conociendo en una primera etapa casos relativos a presuntas violaciones cometidas en agravio de comunicadores de distintos medios informativos; como resultado de este primer acercamiento y la labor de este programa, a partir de 1993 adquirió el carácter de permanente.

            En 1995, el Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró necesario ampliar las funciones del Programa e incluir los casos de defensores civiles de derechos humanos que en el desempeño de su labor fueran víctimas de violación a sus derechos humanos.

En mayo de 1997 se crea la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, considerando que ambos sectores en particular, son fundamentales para la consolidación de una cultura de los derechos humanos en nuestro país y que enfrentan grandes riesgos en el desempeño de sus labores.

            En enero de 2005 se crea la Quinta Visitaduría General, a la que fue adscrita la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.

            En este sentido, con objeto de estrechar vínculos entre este Organismo Nacional y los dos grupos señalados anteriormente, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos busca proporcionar atención personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación y miembros de los organismos civiles de derechos humanos, con la finalidad de fortalecer la creación de un frente común en la defensa de los derechos humanos; por ello este Programa tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ambos grupos, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por las personas periodistas y las defensoras civiles”.

            Es conveniente resaltar lo que la misma Declaración de Principios establece que: “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada." Pero por la realidad que se vive en nuestro país, nada de ello se cumple a cabalidad, la muerte de periodistas, comunicadores, fotógrafos, camarógrafos y reporteros, seguirán siendo nota roja que por poco tiempo se difunde y luego se olvida hasta por los mismos medios de comunicación a los que se les presta el servicio, sólo son parte de una nómina, un número que fácil se suple.